El Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Castilla y León ha presentado una Proposición no de Ley que se debatirá en el próximo Pleno en la que se instan a la Junta a "apoyar y fomentar", en el marco del próximo 'Pacto por la Infancia', diversas acciones.

En concreto, según informaron a Europa Press fuentes del Grupo, se propone cooperar con los comités nacionales del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia "en su labor de impulso a los derechos de los niños y niñas, y de mejora de su bienestar y condiciones de vida" y promover la participación de los niños en su familia, en la comunidad y la sociedad de Castilla y León "abriendo canales de opinión y decisión en los que tomen parte".

Además, se persigue reforzar su seguridad y su protección ante el riesgo de explotación, violencia y abuso, o desamparo y reducir o mitigar los riesgos sociales y económicos que puedan afectar a sus vidas "con especial atención a la igualdad de oportunidades."

La Convención sobre Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, tiene rango de tratado internacional y es de carácter obligatorio para todos los estados firmantes.

"En ella no sólo se reconoce el derecho de niñas y niños menores de 18 años, al pleno desarrollo físico, mental y social, y a la expresión libre de sus opiniones, sino que, también, se obliga a los estados adheridos a promover y reforzar un entorno protector y de bienestar para la infancia", recordaron las mismas fuentes.

A pesar del número creciente de naciones adheridas a la Convención "y de los importantes avances a escala mundial habidos en los derechos y el respeto a la dignidad humana de la infancia", continúan existiendo situaciones de pobreza, exclusión social, abandono, violencia y acceso desigual a la educación o los servicios sanitarios "que afectan tanto a países y/o territorios ricos como pobres".

Las sociedades más avanzadas o que han alcanzado mayores niveles de bienestar no están exentas de riesgos de violencia sobre los niños, explotación (con especial incidencia en la explotación sexual), o nuevas amenazas para la salud (VIH, enfermedades emergentes o de transmisión sexual, drogodependencia, entre otras).

A su juicio, el cambio social, la globalización, y las actuales circunstancias de crisis económica obligan, "más bien", a afrontar "nuevos retos" y adoptar "medidas constantes" para la protección de la infancia y de la familia, "que es la base de la sociedad y el medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños".

En Castilla y León, aproximadamente el 16 por ciento de la población (unas 400.000 personas), son menores de 18 años y están, por tanto, acogidas a la citada Convención.

"El papel de los gobiernos locales es fundamental en la protección, desarrollo y atención a la infancia, y así se ha promulgado, además, desde estas Cortes de Castilla y León que aprobaron unánimemente la Ley 14/2002 de 25 de julio, de Promoción, Atención y Protección a la Infancia de Castilla y León", concluyeron desde el Grupo Popular.