Agentes de Policía Nacional han detenido a cinco personas por formalizar parejas de hecho fraudulentas. Los ciudadanos extranjeros pagaban hasta 5.000 euros por obtener el permiso de residencia comunitaria.

Por su parte, las mujeres, de nacionalidad española, percibían entre 100 y 1.000 euros de beneficio por contraer matrimonio con los ciudadanos extranjeros, según fuentes policiales.

A finales de noviembre del pasado año los investigadores tuvieron conocimiento de que en los ayuntamientos de la zona de Ceutí, Fortuna, Alcantarilla y Molina de Segura se estaban inscribiendo parejas de hecho fraudulentas, por lo que se procedió a la detención de 32 personas implicadas en los hechos.

Como continuación de las pesquisas y ante la posibilidad de que se estuviese cometiendo nuevamente un delito de falsedad en la solicitud de residencias de familiar comunitario y falsedad documental en distintos municipios de Murcia y Albacete, los agentes realizaron las comprobaciones necesarias para saber si dichas parejas inscritas eran reales o ficticias.

Finalmente, se percataron de que los varones eran extranjeros en situación ilegal, y la mayoría con expedientes de expulsión resueltos y pendientes de ejecutar. Además, los domicilios donde se suponía vivían no existían o los contratos de alquiler eran falsos en todo su contenido.

Su 'modus operandi' consistía en la solicitud de tarjetas de residencia de familiar comunitario, una vez que formalizaban la unión, para así permanecer legales en el país. La operación ha sido desarrollada por agentes de la Jefatura Superior de Policía de Murcia.