Fiscalía remite al juez del 'caso Emarsa' la denuncia contra Morenilla por posible desvío de fondos de la Epsar

La fiscal jefa de la provincia de Valencia, Teresa Gisbert, ha remitido al titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado de investigar un presunto agujero económico de 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo, la denuncia interpuesta por el PSPV contra el exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), José Juan Morenilla, por posible desvío de fondos de la entidad y presunto enriquecimiento ilícito.

La fiscal jefa de la provincia de Valencia, Teresa Gisbert, ha remitido al titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado de investigar un presunto agujero económico de 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo, la denuncia interpuesta por el PSPV contra el exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), José Juan Morenilla, por posible desvío de fondos de la entidad y presunto enriquecimiento ilícito.

Así consta en un escrito de Gisbert, con fecha de 14 de marzo, en el que acuerda archivar las diligencias que había abierto contra Morenilla tras la denuncia recibida, y remitirlas al juez del 'caso Emarsa', para que las una a las investigaciones que ya está practicando en el juzgado.

Esta decisión se ha producido después de que el PSPV, que actúa como acusación popular en la investigación del presunto saqueo de la depuradora, haya solicitado la imputación de Morenilla y del jefe de explotaciones de la Epsar, Ignacio Bernácer —la fiscalía, el abogado del Estado y la Emshi se han sumado a la petición—, y la unión al caso de las diligencias que tramitaba Fiscalía.

Tras ello, los socialistas han entregado en el juzgado un dossier con información sobre los bienes inmuebles y fincas rústicas de Morenilla, para que sean investigadas en el marco del 'caso Emarsa', han informado fuentes del PSPV en un comunicado.

La nueva información entregada al juzgado está formada por los documentos del registro de la propiedad de José Juan Morenilla, su esposa, y las empresas de ésta, Agromática del Este S.L. y Agromática del Este S.A. La documentación incluye 10 inmuebles en Dènia, Meliana, Foios, Nàquera y Candanchú, y 12 fincas rústicas en la localidad de l'Ènova, aunque en el escrito se hace constar que podrían existir más propiedades no detectadas.

Se da la circunstancia de que las 22 propiedades fueron adquiridas en tan solo 10 años, del 2000 al 2009, cuando Morenilla era alto cargo de la entidad dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente. Entre ellas figura una vivienda con garaje en Candanchú, un dúplex con dos plazas de aparcamiento en una urbanización de primera línea de playa en Dènia, la vivienda de Meliana o numerosas parcelas de naranjos en l'Ènova, han señalado los socialistas. MORENILLA,

Epicentro del caso

Según denunció la diputada socialista Carmen Martínez, Morenilla y Bernácer asistían en representación de la Epsar a las reuniones de las comisiones de seguimiento del convenio entre la Generalitat, Emarsa y la Entidad Metropolitana, propietaria de las instalaciones en las que se decidía la inversión a realizar en la depuradora.

Morenilla y Bernácer "dieron validez" a estas convocatorias "a pesar de que el convenio que las amparaba no había sido aprobado por la Entidad Metropolitana y de que a las reuniones no asistían los miembros requeridos para su correcta constitución". De hecho, el exconseller de Medio Ambiente y expresidente de la Epsar Juan Cotino "llegó a aprobar el pago de 16,3 millones en 2010 en base a los informes de Morenilla y Bernácer", han recordado las mismas fuentes.

Al respecto, también han recordado que el exdirector financiero de Emarsa, Enrique Arnal, confesó al juez que Morenilla, Bernácer y Enrique Crespo, expresidente de Emarsa, crearon un sistema para defraudar a través de estos convenios, y en connivencia con el empresario fugado, Jorge Ignacio Roca, se repartían mensualmente una comisión de 180.000 euros. Esta versión fue ratificada en el juzgado por el exjefe de informática, Sebastián García, conocido como 'Chanin'.

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