El Gobierno regional ha aprobado hoy en Consejo de Gobierno los servicios mínimos para La Rioja en la huelga del 29 de marzo, que supondrán que el diecinueve por ciento de los empleados públicos, 1.791 personas, tengan que trabajar ese día.

El consejero de Presidencia, Emilio del Río, ha informado hoy de que con la aprobación de estos servicios el Ejecutivo riojano persigue garantizar que el ejercicio del derecho a la huelga no perjudique o vulnere derechos fundamentales, libertades públicas y bienes constitucionales, así como el funcionamiento mínimo imprescindible en la Administración riojana.

El Gobierno de La Rioja, ha dicho, ha seguido los mismos criterios que en la huelga de la Administración Pública de septiembre de 2010 y, antes de fijar estos servicios, ha negociado los mismos con las organizaciones sindicales convocantes. Quedan aún por negociar los transportes públicos.

De los 1.791 empleados públicos que trabajarán ese día 612 serán en el ámbito de la administración general; 110 efectivos asistenciales; en el ámbito docente no universitario, 107 funcionarios; en los servicios sanitarios, 939 empleados, y en el ámbito de la Administración de Justicia 23.

Los 939 empleados adscritos a los servicios sanitarios están destinados a garantizar la prestación de los servicios mínimos de salud, es decir, hospitalización, urgencias y emergencias sanitarias. Del Río ha señalado que el transporte sanitario urgente estará garantizado al cien por cien, lo mismo que los servicios de diálisis.

Como regla general, en los centros escolares deberá asistir un director o un miembro del equipo directivo y, en el caso de centros con más de un edificio escolar, un maestro por cada uno de ellos.

En el ámbito de los servicios sociales, las guarderías, hogares y residencias contarán con el personal que garantice su funcionamiento, directores de centros, técnicos, operarios y personal de limpieza.

Por otro lado, se han declarado los servicios esenciales, que son la prestación de servicios sanitarios, atención de emergencias, servicios sociales que se prestan en centros asistenciales y en asistencia domiciliaria, servicios de producción y suministro de energía eléctrica, producción y distribución de gas y depuración y suministro de agua, servicios de transporte de viajeros, y los servicios de la Administración de Justicia que comprendan: Servicio de guardia de Juzgados, Fiscalía e Instituto de Medicina Legal; Medidas cautelares o provisionales, y juicios orales del orden penal en causas con preso.