El Gobierno ha distribuido más de 133 millones de euros entre las Comunidades Autónomas para la reestructuración y reconversión del viñedo, un reparto que ha sido aprobado este jueves por los consejeros autonómicos del ramo en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, presidida por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.

Además, a petición de una amplia mayoría de las Comunidades Autónomas, Cañete se ha comprometido a revisar los criterios utilizados para la distribución de estos fondos en el marco de un Grupo de Trabajo Técnico, que presentará los nuevos parámetros para la distribución de fondos del año 2013.

La región a la que se le han asignado más fondos este año ha sido Castilla-La Mancha, con más de 75,8 millones de euros. "Para nosotros hoy es un gran día", ha manifestado a la salida de la reunión la consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano.

Soriano ha explicado que el reparto se ha llevado a cabo conforme a los criterios históricos, que atienden a la superficie de viñedos de las Comunidades Autónomas y favorecen a Castilla-La Mancha y a Extremadura. "Desde Castilla-La Mancha, defendemos el mantenimiento de este criterio", ha aseverado.

Así, ha dicho que muchos viticultores están esperando estos fondos, con los que se podrán atender "muchos" proyectos de reestructuración y reconversión del viñedo, algo "fundamental" para Castilla-La Mancha.

Asimismo, se ha felicitado por haber recibido 30 millones de euros más de lo previsto, gracias al remanente de otra medida, que ha incrementado el presupuesto total para repartir entre todas las Comunidades Autónomas.

El consejero extremeño de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri, ha anunciado que Extremadura ha recibido más de 16 millones de euros y ha indicado que los directores generales de las comunidades autónomas intentarán acordar en un plazo de tres meses nuevos criterios para el reparto con los que todas las autonomías estén "más cómodas".

Echávarri ha señalado que a los criterios históricos "se oponía sobre todo Andalucía, algo que es nuevo, porque nunca se había opuesto a los mismos".

Abstención de andalucía

Por su parte, la consejera andaluza de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha manifestado su "clara discrepancia" con los criterios de reparto, por lo que se ha abstenido en la votación. Según ha explicado, no ha votado en contra del reparto, por el que Andalucía recibirá algo más de 4,4 millones de euros, debido al compromiso de Arias Cañete de revisar los parámetros.

Aguilera ha señalado que el reparto actual satisface al cien por cien las necesidades de algunas regiones, y un 55 por ciento en el caso de Andalucía.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de La Rioja, Iñigo Nagore, ha expresado su "satisfacción" con los fondos recibidos por su región, más de 3,8 millones de euros, con los que se podrán reestructurar alrededor de 700 hectáreas de viñedo.

Por otro lado, ha manifestado que La Rioja es "firme defensora de que hay que cambiar los criterios históricos, porque las circunstancias del sector vitivinícola han cambiado mucho desde la primera década del 2000 hasta ahora".

En la misma línea se ha manifestado la consejera gallega de Medio Rural y del Mar, Rosa Quintana, quien ha asegurado que "los criterios históricos se han quedado desfasados" y ha abogado por nuevos criterios que satisfagan las necesidades de las necesidades de las Comunidades Autónomas. Galicia ha recibido 3,6 millones de euros.

También el consejero murciano de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, ha defendido la necesidad de cambiar los criterios, "porque hay que adaptarlos a la realidad". No obstante, ha reconocido que los 2,24 millones que ha recibido su comunidad corresponden a lo que había solicitado.

Al margen del único punto del orden del día de la reunión, que ha sido el reparto de los fondos para la reestructuración y reconversión del viñedo, Arias Cañete ha trasladado a los consejeros las peticiones que hizo en Bruselas con respecto a los efectos de la sequía, como el adelanto de diciembre a octubre de parte de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC).