El Ayuntamiento de Vilanova d'Alcolea demanda a la Diputación por la expropiación de terrenos del aeropuerto

Moliner dice que las decisiones se tomaron en base a informes jurídicos favorables

El Ayuntamiento de Vilanova d'Alcolea ha presentado en un juzgado de Castellón una demanda contra la Diputación al considerar que no se realizaron bien las expropiaciones de los 50.000 metros cuadrados de terrenos de titularidad municipal que se cedieron para la construcción del aeropuerto.

Según ha explicado a Europa Press el teniente alcalde del Ayuntamiento de Vilanova d'Alcolea, Ximo Laborda, la decisión del actual equipo de gobierno —perteneciente a la Agrupación Independiente— responde a que dicho proceso de expropiaciones, que tuvo lugar en 2002, cuando el consistorio era gobernado por el PP, se realizó tan sólo con la firma del alcalde y sin ningún informe técnico que acreditara el valor de los terrenos.

Asimismo, ha señalado que aunque la expropiación se realizó para construir las instalaciones aeroportuarias, en el Plan Director de 2005 se incluían naves industriales, hoteles y otras infraestructuras, por lo que "se pagaron 1,20 euros por metro cuadrado, cuando el valor era de 18 euros por metros cuadrado".

Así, el teniente alcalde ha añadido que, en vez de pagar casi 60.000 euros, la Diputación debería de haber abonado al Ayuntamiento cerca de un millón de euros, incluyendo los intereses de demora.

Los hechos se remontan a mayo de 2004, cuando tres concejales del Ayuntamiento interpusieron un recurso de reposición contra los convenios firmados para la expropiación de los terrenos por falta de competencia del alcalde para la firma de los mismos y por no haberse incorporado al proceso informe técnico alguno que acredite el valor de los terrenos, que desestimó el alcalde por extemporáneo.

Revisión de oficio

El 29 de junio de 2004, los mismos concejales que presentaron el recurso solicitaron la revisión de oficio del acuerdo y se remitió el expediente para su dictamen al Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana el 28 de julio 2004. El alcalde acordó la revisión de oficio.

Un informe de la corporación municipal aseguraba que los acuerdos eran nulos al no tener valoración técnica. El Consell Jurídic Consultiu, por su parte, en su dictamen, señaló que debió de ser el pleno el que aprobara el proceso, el cual carecía de informe técnico.

Se declaró nulo el proceso por parte del Ayuntamiento y se remitió a la Diputación dicha decisión, que rechazó. Este pronunciamiento fue recurrido judicialmente, aunque se desestimó el recurso por extemporáneo por lo que el Ayuntamiento planteó un procedimiento declarativo de nulidad ante el juzgado que declaró la inadmisibilidad del recurso por presentarse fuera de plazo.

A mitad de la pasada legislatura el nuevo equipo de gobierno decidió reiniciar todo el proceso y a principios de la actual consideró oportuno interponer la demanda contra la Diputación. El Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana emitó el 10 de marzo de 2011 un nuevo dictamen en el mismo sentido que el primero.

Informes favorables

Por su parte, el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, ha explicado que todas las decisiones se han tomado "siempre en base a informes jurídicos favorables", aunque -ha añadido- "es legítimo que cada uno quiera defender sus intereses y nosotros buscaremos siempre vías de acuerdo que permitan evitar conflictos con ayuntamientos". "Es lógico que un ayuntamiento quiera defender sus legítimos intereses si no está de acuerdo con una tasación o con una valoración", ha indicado.

Preguntado si ha habido alguna negociación con el Ayuntamiento de Vilanova, ha dicho que le consta que, en su momento, hubo conversaciones, "pero todos los procesos expropiatorios acaban recurriéndose ante el tribunal de justiprecio puesto que siempre al que paga le parece que paga mucho y al que cobra le parece que cobra poco".

Por tanto, —ha insistido— "es legítimo que cada uno intente ejercer sus derechos", y ha añadido que cuando se pagó "ya se sabía el proyecto que iba, es decir, todo el mundo que le expropiaron el terreno sabía que era para el aeropuerto". En su opinión, "esto hay que enmarcarlo en lo que ocurre en todos los procesos de expropiación y es legítimo que todo el mundo intente sacar el máximo provecho".

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