El Consejo Municipal de Personas Inmigrantes ha reclamado a la Junta de Castilla y León que le remita un informe sobre la aplicación de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Izquierda Unida de Valladolid ha explicado este miércoles en un comunicado de prensa, recogido por Europa Press, que el representante de Izquierda Unida planteó en el anterior Consejo, celebrado el 29 de septiembre de 2011, pedir información oficial sobre este tema a la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.

Según el comunicado, la representante de la Junta en el Consejo confirmó las "enormes dificultades" de estas personas para materializar el derecho subjetivo que define la ley, pues "aunque se ha eliminado el trámite de legalización de documentos en el Tribunal Superior de Justicia de Burgos, sigue habiendo muchas desestimaciones".

Este problema se debe, según IU, a que se exige la aportación de algunos documentos, que deben obtener de sus países de origen y en muchos casos resulta "empresa casi imposible". Además, han añadido que también se puso también de manifiesto las incoherencias existentes en el caso de la doble nacionalidad.

En consecuencia, el resultado es que hay un "importante grupo de población que queda fuera de esta ayuda económica aún necesitándola y cumpliendo los requisitos que se definen en la ley". Izquierda Unida ha manifestado que confía en que, tras la recepción del informe antedicho, el Consejo tomará "posición clara" en defensa de los derechos de las personas inmigrantes susceptibles de hacer valer ese derecho.