El portavoz del Grupo Nacionalista Canario, José Miguel Barragán, ha acusado al PP de "trato colonial" con Canarias y de "alejarla" de España en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria.

"Basta ya del interés general de España cuando no aparece Canarias. Queremos diálogo y consenso, pero no quiero ser español de segunda ni de tercera. Si los acuerdos son para ser de segunda, tenemos otra hoja de ruta", ha dicho.

Además, ha acusado al PP de "incendiar y torpedear" Canarias ante el último ofrecimiento de José Manuel Soria para formar un Ejecutivo PP-PSOE en las islas. "Se lo ofrece a los socialistas porque con nosotros no va a ir a ninguna parte en cuatro años", ha apuntado.

Barragán ha advertido de que el PP ha iniciado un "ataque a lo público" y ha mostrado su "incertidumbre" ante las próximas medidas del Gobierno central. "Estamos con el miedo metido en el cuerpo, y no pueden estar todos los huevos en la cesta del déficit. Cuando tengamos las cuentas saneadas, aquí no habrá nadie para trabajar porque habremos destruido el tejido empresarial", ha subrayado.

Sobre las prospecciones petrolíferas, ha recordado que Repsol firmó permisos con Marruecos en 2003 y que en Valencia, los dirigentes del PP se han puesto en contra. "¿Es que el turismo y el medio ambiente del Mediterráneo hay que preservarlo y el del Atlántico no?", ha comentado. También ha criticado la "precipitación" por favorecer a la compañía cuando la UE tramita nuevos reglamentos de seguridad.

Asimismo, ha afirmado que en el sector turístico hay empresarios que están "forzando" a los trabajadores y no "están contratando" a la mano de obra que necesitan. "Hay que perseguirlos con las inspecciones", ha indicado.

Barragán ha apostado por la defensa de los servicios públicos pero sin "criterios economicistas", y ha criticado el "castigo" que inflige el Estado a Canarias con la merma de la financiación autonómica y el incumplimiento de los servicios públicos.

Por ello, le ha pedido a Rivero un "esfuerzo" por combatir la economía sumergida y le ha advertido de que habrá que tomar la decisión de "recortar servicios o subir impuestos" si la financiación que viene del Estado no mejora, ya que, entre otras cosas, al Ejecutivo ha optado por dejar de cobrar unos 900 millones en tributos para que estén en manos de los ciudadanos.