La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza y el pago de 2,3 millones de euros en concepto de responsabilidad civil para Juan Francisco Trujillo, exchófer del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero e imputado en el marco de la investigación sobre las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Administración autonómica.

Durante la celebración de una vista para solicitar las medidas cautelares, el Ministerio Público ha pedido a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, el ingreso en prisión de Trujillo argumentando para ello el riesgo de fuga, la gravedad de los hechos, pues sólo por el delito de malversación podría ser condenado hasta a 12 años de cárcel, y la posibilidad de que pueda entorpercer el curso de la investigación.

Todas las acusaciones se han adherido a la petición planteada por la Fiscalía Anticorrupción, y en el caso del PP ha solicitado la "inmediata" detención del directivo de Vitalia Vida Antonio Albarracín, así como la clausura y precinto de la oficina de Vitalia Vida en Madrid, donde Albarracín "ha ejercido su labor comercial".

La magistrada imputa al exchófer un total de once delitos, como son sendos delitos continuados de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y malversación, así como tres delitos de falsedad en documento oficial, otros tres de obtención indebida de subvenciones, y un último delito de falsedad en documento mercantil.