El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha advertido este martes de que nadie marcará "el ritmo" que se ha fijado el Gobierno en la política penitenciaria con los reclusos de ETA, en la que se aplicará la ley con "todo el rigor" pero también con "toda la generosidad" que permite la legislación vigente.

"Nadie nos va a marcar el ritmo, el camino que tiene trazado el Gobierno", ha alertado Fernández Díaz en su comparecencia ante la Comisión de Interior del Senado, en la que ha insistido en que la intención del Ejecutivo es impulsar una "reinserción individualizada" de los presos etarras.

El titular de Interior ha dejado claro que el Gobierno no va a permitir que haya "otro guión" que el que marca la normativa penitenciaria, que se aplicará con "todo el rigor" pero también con "toda la generosidad" que permite la legislación y bajo los principios de "inteligencia", "prudencia" y "discreción".

En este sentido, Fernández Díaz ha insistido en que ni ETA, ni la izquierda abertzale, ni ningún otro elemento interesado de forma directa o indirecta que, a su juicio, pretenda "contaminar el relato" de lo sucedido con el terrorismo de ETA, marcarán las políticas a aplicar por el Gobierno de Mariano Rajoy.

También ha arremetido contra la izquierda abertzale que, a su juicio, sigue "parapetada en su cobardía" y sin pedir a ETA que desaparezca, entregue las armas y desmantele todas sus estructuras.

En este proceso, el ministro del Interior ha afirmado que las víctimas serán siempre una "prioridad" de su gestión y por ello ha anunciado que la única partida que no sufrirá recortes serán las ayudas a las víctimas del terrorismo.

La austeridad y la racionalición de los recursos públicos es también la principal razón para la puesta en marcha de un plan de reducción de escoltas que comenzará a aplicarse a partir de mañana en el País Vasco y Navarra y a partir de abril en el resto de España.

Fernández Díaz ha reconocido que la amenaza de ETA permanece latente, pero ha asegurado que el número de personas protegidas, unas 1.500, está muy por encima de lo razonable.

Más de 3.000 policías y guardias civiles están asignados a tareas de protección, sin contar con otros 700 escoltas privados, lo que cuesta al Ministerio del Interior de unos 160 millones de euros anuales. La Asociación de Escoltas en Activo del País Vasco y Navarra ha cifrado esa reducción de escoltas privados en un 55%.

Además del ahorro económico, Interior espera recuperar para el servicio de seguridad ciudadana a muchos de los policías y guardias civiles que ahora trabajan de escoltas.

De hecho, después de este primer plan de reducción de escoltas, el departamento va a abordar también una revisión de la protección estática de edificios e instalaciones públicas para definir el dispositivo de seguridad con el que debe contar cada una de ellas.

En su intervención, el senador socialista Enrique Cascallana ha apoyado la política antiterrorista del Gobierno porque, ha dicho, "todos los demócratas compartimos el objetivo de ver el final de ETA".