El código penal español no deja lugar a dudas: injuriar a los miembros de la Corona es un delito que puede conllevar, incluso, cárcel.

El artículo 490 establece penas de prisión de seis meses a dos años para las personas que cometan injurias o calumnias consideradas "graves" contra el rey o sus descendientes, y una multa de varios meses (entre cuatro y 20) si la calumnia es "leve".

Precisamente una sanción de seis meses, con una cuota diaria de 10 euros, es lo que la fiscal pide ahora para los tres componentes de la banda punk Ardor Destómago, los protagonistas del último caso conocido.  El trío musical, compuesto por Miguel García Granda, Ibai Rivas Arbinaga y Endika Berecibar Lacalle, será juzgado el próximo jueves por la Audiencia Nacional a causa de la letra de una de sus canciones, Una historia real (a continuación).

El tema, que fue incluido en un disco recopilatorio de grupos emergentes apoyado por el Ayuntamiento de Toledo, incluye frases como "el hijo puta del rey Juan Carlos" y formula cuestiones como "¿quién mató a su propio hermano con una escopeta?" o "¿quién fue nombrado sucesor por un asqueroso dictador?" para luego señalar al monarca.

No son los primeros que se enfrentan a una pena por insultar a la Casa Real.

En 2007, Moisés Rivas Leyva, cantante de hip hop y líder del grupo canario Poetas de la Calle, fue obligado a pagar una multa de 1.440 euros por los exabruptos que dedicó a la familia Real y a la Guardia Civil durante un concierto. Entre otras cosas, tachó a los reyes y al príncipe de Asturias de "parásitos" y a las Fuerzas de Seguridad del Estado de "dictadores y torturadores". Además, insistió en que "el rey tenía que estar enterrado" e indicó que se cagaba "en los muertos" de la Guardia Civil y se "follaba" a sus mujeres.

También la revista El Jueves ha protagonizado diferentes encontronazos con la justicia a causa de sus parodias reales. La portada del 18 de julio de 2007, en la que aparecía el príncipe Felipe fornicando con su esposa, doña Letizia, provocó el secuestro de la publicación, la prohibición de su venta y el pago de 3.000 euros.

Por su parte, el alcalde de Puerto Real (Cádiz) en 2008, José Antonio Barroso, perteneciente al grupo político IU, fue imputado por un delito de injurias graves contra el rey, después de que declarara durante un acto de aniversario de la II República que el monarca español no era "menos deleznable de lo que fue su padre". "Es hijo de un crápula, de una persona de condición licenciosa, deplorable, deleznable. No menos licenciosa que la de su esposa", aseveró.

Aunque aquello le supuso tener que pagar 6.480 euros, en 2009 volvió a las andadas y acusó a don Juan Carlos de "genocida" por su responsabilidad como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas de España por mandar al ejército  a la guerra de Irak.

Arnaldo Otegi y los periodistas del diario Deia fueron otros de los que tuvieron que sentarse en el banquillo por el mismo delito.

El caso de la banda de Ardor Destómago ha reavivado el debate sobre si las injurias a la Corona deben ser tipificadas como delito. En los últimos años, organizaciones como la ONG Amnistía Internacional o Reporteros sin Fronteras han pedido la revisión de la legislación española en ese punto para salvaguardar la libertad de expresión y "los derechos de los periodistas".

En 2008, IU presentó un proposición de Ley orgánica para que fuera despenalizado por considerarlo "desproporcionado".  También algunos letrados de Baleares, Cataluña y Valencia expresaron su preocupación por el enjuiciamiento de personas a causa de quema de fotografías de la familia real.

En 2011 el PSOE aceptó admitir a trámite una proposición de ley firmada por ERC, IU e ICV para que calumniar al rey dejara de ser un delito castigado con hasta dos años de cárcel. La propuesta se basaba en una sentencia reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que falló en contra de España y que determinó que se había vulnerado el derecho a la libertad de expresión de Arnaldo Ortegi, condenado a un año de prisión por llamar al rey "jefe de los torturadores".

En 2012, el debate y la controversia continúan.