El Congreso de los Diputados celebrará el pleno previsto el próximo 29 de marzo, día para el que los sindicatos convocaron la huelga general. Así lo ha decidido la Junta de Portavoces de la Cámara, que ha rechazado por mayoría las peticiones formuladas por ERC e Izquierda Plural para aplazar la celebración y votar otro día las cuestiones de ese día.

El pleno discutirá sobre la convalidación de los reales decretos-ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles; de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos; el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos de proveedores; el de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio y el de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital.

Además, para ese día se ha incluido también el debate de totalidad del proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El orden del día se completa con las enmiendas de totalidad a tratado internacional, aunque este tipo de iniciativas no suelen suscitar debate. En cualquier caso, según cálculos de los portavoces parlamentarios, la jornada durará unas diez horas.

El grupo socialista ha defendido que los diputados del Congreso trabajen ese día desde sus escaños como "representantes del poder legislativo", frente a la posición de las minorías de izquierda.

En rueda de prensa, la portavoz, Soraya Rodríguez, ha justificado la negativa de su grupo a apoyar la suspensión de la sesión parlamentaria porque los diputados, como representantes del legislativo, tienen que desempeñar su función. Y los socialistas lo harán trabajando desde sus escaños en el Congreso "para parar la reforma laboral, a la que se oponen frontalmente", ha explicado.

Por su parte, el portavoz del grupo popular, Alfonso Alonso, ha descalificado la "extravagante" petición de ERC y la Izquierda Plural, hasta el punto de considerarla una "burla a los ciudadanos". También en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, Alonso ha destacado que los diputados "han de cumplir con su deber" y con sus "obligaciones constitucionales", y ha recordado que las instituciones "no deben hacer huelga".

Por parte de UPyD, el diputado Carlos Martínez Gorriarán, que también ha votado en la Junta de Portavoces en contra de la suspensión del pleno, ha considerado que el Congreso "en vez de bajar la persiana" el día 29, lo que tiene que hacer es "trabajar más y debatir más" sobre los graves problemas laborales de España. Además, ha advertido de que los parlamentarios no son empleados.

Frente a estos argumentos, el representante de la Izquierda Plural, Joan Coscubiela, ha manifestado que los diputados de su grupo entienden que "la mejor manera de defender a los trabajadores" es secundar la huelga y por tanto no acudirán a la sesión plenaria. Incluso ha alertado del "distanciamiento emocional" que puede ocurrir cuando los ciudadanos comprueben que los políticos "hacen como que la cosa no va con ellos".

En su opinión, es "comprensible" que el PP, e incluso CiU, se opongan a suspender la actividad parlamentaria, pero no entiende que el PSOE pretenda dar una imagen de "normalidad institucional" y ha señalado que el PP ha conseguido intimidar a este partido. Por parte de ERC, Joan Tardà ha dicho que no se trataba de buscar la adhesión de la Cámara, sino de tener en cuenta que ese día habrá diputados y trabajadores del Congreso en huelga.