El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes el nuevo Reglamento de Residuos andaluz, que sustituye al vigente desde 199 y que incorporar medidas de simplificación administrativa y liberalización de servicios, además de desarrollar la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Ley GICA) y dar respaldo normativo a los dos planes que actualmente desarrolla la Junta para los residuos peligrosos y no peligrosos.

De acuerdo con esta planificación, el reglamento establece las bases para garantizar la autosuficiencia en la gestión y alcanzar el objetivo de "las 'tres R', reducir la producción, reciclar lo recogido y reutilizar el resto atendiendo a su grado de viabilidad".

Las medidas de simplificación administrativas recogidas en la norma se enmarcan en el desarrollo de la Directiva europea de servicios en el mercado interior, que en Andalucía ha supuesto ya la modificación de 16 leyes y un centenar de decretos. Entre las principales novedades destaca la sustitución del trámite de autorización previa por el de comunicación o declaración responsable, por parte del promotor, para aquellas actividades que no requieren del uso de instalaciones de tratamiento, como las relativas a producción, transporte, recogida o almacenamiento provisional de residuos.

La comunicación de inicio de actividad, que puede ser verificada a posteriori mediante inspecciones, también se extiende las instalaciones de depuración de aguas residuales de actividades no domésticas, sin limitación de la cantidad de lodos producida.

En el caso de la gestión integral bajo el modelo de responsabilidad ampliada del productor, el nuevo reglamento distingue entre sistemas individuales, para los que se exige comunicación, y colectivos, que requerirán autorización.

De acuerdo con este modelo, recogido en la legislación autonómica e iniciado en Andalucía con los plásticos agrícolas y los desechos electrónicos, son los propios fabricantes, distribuidores y comerciantes los que se hacen cargo de los residuos a través de agrupaciones autorizadas por la Junta que cubren el ciclo completo de recogida, transporte, almacenamiento, clasificación y tratamiento final.

Con la sustitución de permisos previos por comunicaciones, se iguala el tratamiento administrativo para todas las personas o entidades productoras. De igual modo, se modifica el registro de autorizaciones para instalaciones de gestión, con el fin de unificar la información sobre residuos peligrosos y no peligrosos, así como para dar cabida a las nuevas figuras reguladas en la legislación autonómica de calidad ambiental, principalmente recogedores, transportistas, negociantes y agentes.

Por su parte, la gestión de residuos específicos de construcción y demolición necesitará de una fianza con carácter previo a la licencia municipal o, para aquellas obras exentas de la misma, a la integrada en los instrumentos de prevención ambiental.

Asimismo, el texto normativo introduce una diferenciación entre los residuos de competencia municipal y los que son responsabilidad de los productores. En el primer grupo se incluye a los agrícolas, para los que se establece la obligatoriedad de planes específicos de gestión.

En líneas generales, el nuevo reglamento incorpora los objetivos del Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos 2012-2020 y del Plan Director Territorial de Gestión de Residuos no Peligrosos de Andalucía 2010-2019. El texto introduce además la "obligatoriedad" de cumplir con las metas que esta planificación define en los ámbitos de minimización de la producción, prevención, reciclado, reutilización y valorización.

En el caso de los residuos peligrosos, los objetivos se dirigen a consolidar la autosuficiencia de la comunidad autónoma en la gestión, reducción de la producción y adecuado tratamiento de las 235.000 toneladas de este tipo de desechos que anualmente se generan en Andalucía. El plan pretende reducir la producción de residuos en origen a través de la generalización de las medidas que ya aplican las grandes industrias bajo el criterio de ecoeficiencia.

La Junta apoya "prioritariamente" las iniciativas dirigidas a la reutilización y al uso de materias primas secundarias que disminuyen el consumo de recursos naturales, con el fin de alcanzar "en 2020 la valorización del cien por cien de los residuos peligrosos que pueden ser aprovechados en los procesos productivos —principalmente aceites y vehículos usados, envases de fitosanitarios y pilas y acumuladores—". OBJETIVO,

La mitad de 27.268

Toneladas de fuera de andalucía

Respecto a la gestión, la principal previsión es reducir a la mitad el límite de 27.268 toneladas anuales fijado en el anterior plan para las entradas de residuos peligrosos procedentes de fuera de Andalucía con destino a su eliminación directa en depósitos de seguridad.

La medida pretende garantizar la vida útil de estas instalaciones y consolidar la autosuficiencia de la comunidad autónoma en este ámbito, ya que actualmente el 90 por ciento de sus residuos peligrosos se trata en instalaciones de la región, mientras que el 10 por ciento se destina a otros territorios para su tratamiento final.

Por su parte, los objetivos para los residuos no peligrosos cuentan con unas inversiones previstas de 2.184 millones de euros en el periodo 2010-2019 para la construcción y mejora de instalaciones, así como para alcanzar en la comunidad autónoma el objetivo de las 'tres R'. La prioridad se dirige a la preparación del residuo para su reutilización, reciclado y valorización energética, dejando el depósito en vertederos como última opción. Para completar la red de infraestructuras, el Plan Director recoge entre sus principales novedades la construcción en cada provincia de una planta de valorización de residuos para su aprovechamiento en la producción de energía. DE 164 A 268

Puntos limpios fijos y 34 MÓVILES

El reglamento también recoge las previsiones respecto a la red andaluza de 'puntos limpios'. En este ámbito, se plantea ampliar la actual dotación desde 164 hasta los 268 puntos fijos y 34 móviles, además de prever otros 139 adicionales para cubrir las necesidades de los municipios mayores de 5.000 habitantes.

De acuerdo con el reglamento, el plazo de reserva de suelo necesaria para la construcción de puntos limpios municipales en los instrumentos de planeamiento urbanístico será de dos años para las localidades de más de 5.000 habitantes y de cuatro años para los de más de 2.000 habitantes. En relación con estos residuos específicos, la norma aprobada por el Consejo de Gobierno establece, finalmente, la obligación de utilizar neumáticos recauchutados para los vehículos de la Junta de Andalucía y las flotas de transporte público de viajeros.