El PSOE teme que las exigencias de ajuste del Gobierno a los ayuntamientos para poder acogerse al plan de pago a proveedores provocará despidos de empleados públicos y reducciones salariales, por lo que ha reclamado la creación de una subcomisión en el Congreso donde poder hacer un seguimiento de la implantación de esta medida.

La portavoz parlamentaria socialista, Soraya Rodríguez, ha expresado en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces su "preocupación" por las consecuencias que los ajustes exigidos a las corporaciones locales puede tener en sus plantillas, especialmente a la luz de la Reforma Laboral que, a su entender, obligará a los ejecutivos locales a optar por la vía del despido ya que sólo les permite la apertura de expedientes de regulación de empleo (ERE) de extinción.

"Según conocemos las negociaciones del Ministerio de Hacienda con los ayuntamientos vamos comprobando que los planes de austeridad que se exigen van todos en la línea de reducción del empleo público", ha dicho Rodríguez, haciendo referencia a los cuestionarios que los consistorios deben presentar para adherirse al plan de pago a proveedores, donde "se contempla el número de puestos de trabajo que se van a destruir y la bajada de sueldos a los funcionarios".

Por ello, junto con la petición de una subcomisión de seguimiento, los socialistas también han registrado "una batería de preguntas" sobre este tema para que sean contestadas por el Gobierno en el Pleno de la próxima semana.

El objetivo último es privatizar

Rodríguez ha sido preguntada además por las declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien esta mañana ha advertido de que los ayuntamientos "no son oficinas de colocación" y que los funcionarios tienen que "ganarse su puesto de trabajo como todos los españoles". "Hay que trabajar desde las administraciones públicas y el que tiene que tener miedo es aquel que ha sido contratado para darle un puesto de trabajo y tener los brazos cruzados", ha añadido.

"Estas declaraciones son claramente inaceptables, inapropiadas y tendenciosas. Es una declaración dirigida a denostar al sector público, a los servicios públicos y a quienes los prestan para justificar lo que están haciendo y llevan pensando desde que presentaron la reforma laboral, el techo de gasto y el plan de austeridad para los ayuntamientos: realizar el ajuste del presupuesto a costa del despido de trabajadores públicos", ha reprochado Rodríguez.

Además, ha alertado de que el "objetivo secundario" de todas estas declaraciones y medidas es "la privatización de los servicios públicos". "Para privatizar es necesario previamente haber limpiado los servicios de personal público, y a partir de ahí hacer una buena privatización sin trabajadores fijos", ha precisado.