El que fuera jefe de la Policía Local de Marbella (Málaga) Rafael del Pozo, acusado en el caso 'Malaya', ha negado haber recibido dinero del presunto cerebro de la trama de corrupción en dicha localidad, Juan Antonio Roca, para hacer frente a una cantidad que reclamaba el Tribunal de Cuentas ni por otros motivos y ha insistido en que se cumplían las órdenes que llegaban en cuanto a los precintos de obras ilegales, que eran competencia de disciplina urbanística.

Del Pozo, para el que el fiscal pide cuatro años de prisión por los delitos de cohecho, contra la administración de justicia y tenencia ilícita de armas, ha sido uno de los acusados por la presunta trama de corrupción marbellí que ha declarado en la sesión de este lunes del juicio, en concreto sobre los 126.000 euros que supuestamente recibió del principal acusado, que se reflejarían en los archivos intervenidos en la sociedad Maras Asesores.

Respecto a 6.000 euros, el acusado ha explicado que varios funcionarios estaban realizando estudios en una universidad privada y el Ayuntamiento les pagaba la matrícula, pero "hubo un problema con el Tribunal de Cuentas, que nos obligaba a devolver parte del dinero". Ha señalado que tuvo una conversión sobre el tema, en la que estaba Roca, y que tenía intención de pagar "porque creía que yo tenía razón y porque no tenía el dinero".

En esa conversación, ha añadido, Roca "es verdad que me comentó que si no tenía el dinero él me lo prestaba, porque era mejor no chocar con el Tribunal de Cuentas y devolverlo". Ha apuntado que finalmente dicho órgano le dio la razón y no tuvo que pagar el dinero reclamado; y ha precisado que "se habló y no hubo más", no se comprometió. Ese pago, para el que Roca dio la misma explicación, no se llegó a realizar. "Ni lo recordaba", ha apostillado.

En cuanto a una anotación de 60.000 euros, que Roca justificó en la entrada para una vivienda en la que el mando policial estaba interesado y que al final se quedó el principal acusado porque Del Pozo no consiguió la hipoteca, ha asegurado que estaba buscando una vivienda y que le interesó una, pidiendo a Roca que negociara para sacar el precio más bajo y que la reservara. Ha indicado que él no pagó nada, ni compró la casa, ni sabe si Roca llegó a abonar.

Sobre las órdenes de paralización y los precintos de obras, Del Pozo ha asegurado que era competencia de disciplina urbanística y la Policía acudía para colaborar en materia de seguridad, pero "ni nosotros tenemos expediente de esa obra ni nada más de la orden de acompañar" a los técnicos. Ha apuntado que "cada vez que ha llegado una orden para que se controlara un precinto, se ha hecho, mejor o peor, no lo sé, pero se ha hecho".

"Orden de servicio que ha llegado a la Jefatura, orden de servicio que se ha realizado, que se haya cumplido mal, puede ser, tendré que responsabilizarme en nombre de los policías que hayan actuado, pero se ha cumplido", ha insistido, añadiendo que se hacía lo mismo con todas las notificaciones que llegaban. Ha dicho que en caso de incumplimiento, los responsables debían denunciar y que él sabía sus responsabilidades. "Cada uno que coja su mochila", ha apostillado.

Otros acusados

En esta sesión, ha terminado de declarar el exconcejal Emilio Jorrín, quien ha dicho que su voto en los plenos era "poco menos que irrelevante" y que se basaba en los informes. Ha reiterado que no formó parte de la moción de censura al no ser edil y que tras ser inhabilitado Muñoz, sí entró en la oposición, pero no recibía la asignación que como grupo le correspondía por ser único miembro del Grupo Independiente Liberal (GIL).

También ha declarado la exconcejala Marisa Alcalá, acusada por el convenio de permuta de Ave María, quien ha asegurado no tener conocimientos de urbanismo, por lo que para asentir en las votaciones se fiaba de los informes técnicos; así como no saber si participó en la comisión de gobierno en la que se habría aprobado esta resolución, sino que tan sólo se comentaba en la ciudad que era necesario un nuevo vertedero.

Ha declarado, igualmente, el abogado Francisco Soriano. Preguntado por un contrato de compraventa de fincas, desarrollado entre dos acusados a través de sociedades, ha señalado que es "un documento privado" en el que "no tengo ni arte ni parte" y que supo que existía tras ser interceptados por la Policía dos millones de euros que el empresario Ismael Pérez, que se ha conformado con la acusación, iba a prestar a Roca.

El acusado, que ya ha declarado en otros bloques anteriores del juicio, ha indicado que es un contrato entre partes para "garantizar el importe de la devolución" y que se hizo constar que el dinero era "de lícita procedencia". Por tanto, ha manifestado que "primero, los hechos no son constitutivos de delito —de falsedad— y segundo, yo no he intervenido en nada irregular" y se ha negado a contestar a las preguntas del Ayuntamiento y la Junta.

Está previsto que en la sesión de este martes del juicio declare Julián Muñoz, para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita 10 años de prisión acusado de los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales y cohecho, por las resoluciones aprobadas y por, supuestamente, haber recibido dinero del principal acusado la cantidad de 162.000 euros.