El vicepresidente primero y delegado de Hacienda de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha afirmado este lunes que el gobierno provincial del PP ha heredado una deuda de facturas pendientes de pago a proveedores, por la gestión del anterior gobierno del PSOE, que asciende a 2.479.734 euros.

En rueda de prensa, Fuentes ha destacado que, en aplicación del Real Decreto 4/2012 de Financiación para el pago a proveedores, "la Diputación ya está elaborando el plan de pagos" a los proveedores y, para ello, "ya se ha enviado al Ministerio toda la documentación", de forma que, según cree Fuentes, "no habrá necesidad de recurrir a un plan de saneamiento" para el pago de dichas facturas.

A partir de ahora, según ha subrayado el vicepresidente primero, "vamos a intentar, con mucha responsabilidad, evitar este gasto incontrolado de facturas que estaban en el cajón y que se han incorporado a final de año. Vamos a actualizar el escenario contable de deudores de servicios y suministros".

El también delegado de Hacienda ha desglosado las cantidades sin pagar de las diferentes empresas dependientes de la Diputación. Así, Aguas de Córdoba (antigua Emproacsa) debe a sus proveedores 1.792.636 euros, el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) adeuda un total de 462.312 euros, la Diputación de Córdoba en sí posee un débito de 215.333, mientras que el Patronato Provincial de Turismo de Córdoba debe 7.716 euros, y la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí 1.736 euros.

A juicio de Fuentes, el número de proveedores es más elevado en las facturas del IPBS, ya que "son empresas más pequeñas, y la deuda de Aguas de Córdoba, aunque también es la más elevada, se concentra en un menor número de empresas".

Fuentes ha indicado que el déficit de Aguas de Córdoba se debe a la forma de cobro de la empresa provincial, pues llega hasta los 150 días, y porque, con motivo de las elecciones municipales del pasado 22 de mayo, "se retrasó la puesta al cobro a junio, repercutiendo a la baja en el importe total de ingresos a recibir en agosto de 2011, y que a su vez imposibilita a la empresa afrontar su previsión de tesorería".

Asimismo, el vicepresidente primero de la Diputación ha lamentado que en los años anteriores "no se hicieran las cosas bien a la hora de controlar el gasto" y ha recordado el caso de una factura sin pagar, cuyo reconocimiento extrajudicial de crédito ya ha aprobado el Pleno de la Diputación, de la que no existía expediente, para unos estudios de obras de emergencia de 2010, cuya cuantía es de 74.031,08 euros.

"La única documentación de esa actuación —ha señalado— es una factura. Se encargó de manera verbal. Con actuaciones como esta no se va a ningún sitio y lo que pone de manifiesto es un absoluto descontrol de los recursos públicos por parte del gobierno anterior".