El PSM-IV-ExM de Palma ha registrado una proposición para que el consistorio inste al Gobierno central a llevar a cabo un Pacto por la Ocupación consensuado con sindicatos, empresarios y partidos políticos.

Según la coalición, este pacto debe contemplar aspectos como la política fiscal, la reforma del sistema financiero, la política de rentas e industrial, y el control de precios, todo ello combinado con medidas de flexibilidad interna en las empresas e iniciativas de reactivación económica y cambio del modelo productivo.

Con esta iniciativa que se debatirá en el pleno del próximo 30 de marzo, el PSM-IV-ExM quiere mostrar su rechazo frontal a la reforma laboral aprobada por el PP en el Estado.

Según ha indicado en un comunicado, la regidora Marisol Fernández, es "imprescindible" que la institución municipal participe del debate social y político sobre la reforma "para dejar en evidencia que el modelo económico que promueve el PP busca perpetuar la injusticia social, la desigualdad en los salarios, la precariedad laboral" y que, además, disminuye la democracia y provoca el empobrecimiento general de la ciudadanía.

La coalición ha destacado que la reforma laboral generará consecuencias muy negativas sobre el mercado laboral y, con la confianza que la huelga general del 29M tendrá un apoyo mayoritario, quiere contribuir a su difusión y hacer rectificar el PP.

"El PP está llevando a cabo la mayor regresión en los derechos laborales y sociales de la historia democrática en un tiempo récord", ha indicado Fernández, quien ha añadido que es necesario instar al Gobierno central a promover un Pacto por la Ocupación para presentar modificaciones sobre el mercado laboral "que realmente contribuyan a la reactivación económica y al cambio de modelo productivo".

La coalición ha criticado las "principales afectaciones sobre los trabajadores" como las que "suponen un despido más fácil y más barato, puesto que los empresarios no tendrán que justificar pérdidas económicas, reducción de ingresos o ventas por un periodo inferior a nueve meses". Además, en el caso del sector público, el excedente de plantilla o el excesivo déficit público será motivo suficiente para el despido colectivo o individual del personal fijo, y la indemnización será de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 meses.

Asimismo, ha reprochado la figura de un contrato con despido libre durante el primer año, lo que supone un periodo de prueba de un año, "es excesivo y desmesurado". Otros de los "principales abusos de poder" que lamentan son la "desaparición de los convenios colectivos", si se culminan tras dos años de negociación, la rebaja salarial, o la modificación de la jornada laboral.