Panacex lamenta que el Gobierno de Extremadura esté "lavándose las manos" en las tramitaciones eólicas

La asociación Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Panacex) ha lamentado que el Gobierno de Extremadura "pretende asumir el papel de 'Pilatos', lavándose las manos en las tramitaciones eólicas", pero ha advertido de que "le será difícil imputar al anterior Gobierno los errores subsanables y no enmendados".
Parque Eólico De Gamesa.
Parque Eólico De Gamesa.
EUROPA PRESS/GAMESA

La asociación Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Panacex) ha lamentado que el Gobierno de Extremadura "pretende asumir el papel de 'Pilatos', lavándose las manos en las tramitaciones eólicas", pero ha advertido de que "le será difícil imputar al anterior Gobierno los errores subsanables y no enmendados".

Este es el caso, señala Panacex en nota de prensa, del proyecto eólico de Santa Bárbara, situado en Malpartida de Plasencia (Cáceres), y que "recientemente y contra toda lógica, ha obtenido el visto bueno de Medio Ambiente".

Ante esta autorización, Panacex ha tachado de "error" el hecho de "permutar patrimonio por limosna", ya que según ha asegurado, los 18 megavatios de este parque "destrozarán" la localidad, y a cambio "generarán 2,5 empleos fijos en la zona según la estadística ya conocida en España, de un empleo por cada 7 MW"..

Además del "error estratégico", Panacex ha recordado que el pasado 27 de enero el Parlamento Europeo "ha admitido a trámite su denuncia, en relación a la irregular planificación eólica", y que supone "un fuerte varapalo a la caótica ordenación eólica del Gobierno anterior y una seria advertencia al actual".

Añade este colectivo que el "riesgo jurídico-administrativo" se suma a las "múltiples irregularidades heredadas en la tramitación de los expedientes", entre las que cita la tramitación de parques que "superan los 50MW y cuya competencia administrativa no corresponde a la Junta de Extremadura", o la tramitación de expedientes "incompletos o segmentados".

Finalmente, Panacex señala que "esperaba, quizás en vano, de la prudencia del actual Gobierno, la paralización cautelar de los expedientes", ya que según ha advertido, "en caso contrario, podrán ser los ciudadanos los que paguen las indemnizaciones millonarias a los promotores eólicos que ya hayan construidos sus parques y deban ser demolidos por ilegales".

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