La Fiscalía pide cinco años de prisión a los acusados de estafar 136.000 euros de una editorial con 95 ventas ficticias

La Fiscalía solicita cinco años de cárcel a los cinco acusados de estafar un total de 136.785 euros de la empresa editorial en la que trabajaban, y de la que estaban a punto de causar baja voluntaria, mediante la presunta manipulación de 95 contratos de ventas ficticias a 32 clientes inexistentes. Todos ellos se sentarán en el banquillo desde este lunes para ser juzgados por el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma.

La Fiscalía solicita cinco años de cárcel a los cinco acusados de estafar un total de 136.785 euros de la empresa editorial en la que trabajaban, y de la que estaban a punto de causar baja voluntaria, mediante la presunta manipulación de 95 contratos de ventas ficticias a 32 clientes inexistentes. Todos ellos se sentarán en el banquillo desde este lunes para ser juzgados por el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma.

En concreto, el Ministerio Público les acusa de un delito de estafa en concurso con un delito continuado de fasedad en documento mercantil, y además de la pena de prisión, reclama para ellos una multa de 4.320 euros y que indemnicen de forma solidaria con la cantidad supuestamente defraudada a la entidad Ediciones Rueda, dedicada a la venta a domicilio de obras monográficas, enciclopédicas y productos anexos.

Tal y como recuerda la acusación pública en su escrito de calificación, los cinco acusados -el jefe de la sucursal en Palma, Saúl M.V., la de Administración, Tamara C.G., y los agentes comerciales David N.S., Manuel G.C. y Daniel L.R.- se pusieron de acuerdo para beneficiarse económicamente apoderándose de los productos de la empresa y cobrando comisiones inexistentes.

Para ello, entre enero y febrero de 2009, los exempleados de Ediciones Rueda manipularon presuntamente los contratos por ventas ficticias a un total de 32 clientes 'fantasma', cuyos datos no coincidían con persona identificable alguna.

De esta forma es como los agentes comerciales realizaron los supuestos contratos, que posteriormente fueron supervisados, validados y admitidos en el servicio informático-administrativo y contable de la empresa por la jefa de administración y el delegado, lo que ocasionó unos perjuicios valorados en 136.785 euros -de los que 66.383 corresponden a los productos presuntamente defraudados y 28.297 a los packs comerciales apoderados-.

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