El PSOE afirma que las autorizaciones a Repsol en Canarias son un "golpe a la democracia"

La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Canarias ha denunciado este viernes el "golpe a la democracia" que supone la decisión adoptada este viernes por el Consejo de Ministros de autorizar las prospecciones petrolíferas en aguas próximas a las costas canarias.

La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Canarias ha denunciado este viernes el "golpe a la democracia" que supone la decisión adoptada este viernes por el Consejo de Ministros de autorizar las prospecciones petrolíferas en aguas próximas a las costas canarias.

"Soria y el PP han ignorado al Gobierno de Canarias, a los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura y a 13 ayuntamientos que han adoptado acuerdos plenarios en contra", afirma la Ejecutiva en un comunicado.

Para los socialistas canarios, este "desprecio a la democracia" se produce "sin que se haya obtenido respuesta a las alegaciones y sin ningún gesto del Gobierno del PP para tratar de explicar o justificar esta decisión".

Los socialistas destacan también la "prisa indecente de Soria, quien quiere evitar que la compañía Repsol se vea afectada por la modificación del reglamento europeo que se está tramitando y que impondrá mayores garantías medioambientales".

Asimismo, señalan que Soria "acostumbra a mentir y lo ha vuelto a hacer al decir que le importan las garantías medioambientales, cuando en realidad pretende con esta autorización evitar que Repsol tenga que sujetarse a una normativa más exigente".

Desde el PSOE se recuerda que a raíz del accidente en el Golfo de Méjico y viendo que las perforaciones en aguas profundas plantean riesgos de un enorme calado, la UE se plantea un mecanismo de control más duro. "Eso es precisamente lo que Soria y Rajoy quieren obviar, dando la autorización antes de su entrada en vigor", señalan.

La Comisión Permanente de la Ejecutiva Regional del PSOE de Canarias se reunirá de urgencia en los próximos días para establecer las acciones que emprenderá ante esta decisión "unilateral" adoptada por el Gobierno del PP "en contra de los intereses generales de Canarias".

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