El PP-A ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga las presuntas irregularidades halladas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE), "con parte de las alegaciones de la propia Consejería de Empleo, firmadas por el viceconsejero Agustín Barberá, que realizó al informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía de los años 2000 a 2005, y en las que se ponen de manifiesto todas las irregularidades, la falta de procedimiento, y el ajuste fuera de la Ley de este reparto de ayudas a las empresas amigas del PSOE-A".

Según ha informado en rueda de prensa el senador y candidato número tres por Sevilla del PP al Parlamento, Rafael Salas, este escrito "es muy interesante" para que "se vea claramente cómo desde la propia Junta se mantenía que hacer el reparto por la vía legal era un problema". Así, ha explicado que tras las declaraciones del exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, "en las que manifestaba que sus actuaciones se ajustaban a la Ley General de Subvenciones", el PP-A ha entregado un nuevo escrito al Juzgado "con parte de las alegaciones que la propia Consejería de Empleo, firmadas por el viceconsejero Agustín Barbera, realizó a este informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía de los años 2000 a 2005".

"Y es curioso —continúa Salas— porque el viceconsejero firma y confirma que de seguir el procedimiento que marcaba la Ley de Subvenciones, provocaría muchísimos problemas". Según el candidato popular, "literalmente habla de que se siguió el procedimiento de la transferencia a la Agencia para el Desarrollo e innovación de Andalucía (antigua IFA) para evitar escrúpulos y dificultades insalvables en la utilización de los fondos", y porque "este sistema de la justicia y la legalidad de la Ley General de Subvenciones levantaba reproches jurídicos y escrúpulos entre los servicios jurídicos de la propia Consejería".

Al hilo de lo anterior, Salas afirma que el viceconsejero "llega a reconocer incluso que además de levantar todos estos reproches, algunas de las ayudas no podían tener siquiera el carácter de subvención". "Eso es lo que mantiene Barberá, en clara contradicción con lo que se estaba haciendo, que no era otra cosa que ayudas repetidas, continuadas y habituales, mediante un convenio para evitar el control de los funcionarios, y el control de la intervención de los fondos", lamenta.

Por tanto, asegura Salas, "se reafirma que había un plan sostenido en el tiempo; que éste era conocido por los responsables de la Consejería porque de su puño y letra lo firma el viceconsejero; y que la aprobación era una evidencia", y así "se lo hemos trasladado a la juez del caso". Y agrega que desde el PP "se ha pedido incluso que comparezcan los técnicos que hicieron el citado informe de alegaciones", porque "la verdad tiene que alcanzar a todos", ya que los andaluces "se merecen se les diga la verdad, y conocer por qué 1.500 millones de euros se repartieron de forma arbitraria, en secreto y sin Ley".

El PP "no va a parar hasta que se sepa la verdad de los ERE, quién se llevo los miles de millones de euros de los parados, y se sepa quiénes son los responsables de semejante tropelía", y, añade, "como el tema de los ERE es el cuento de la haba que nunca se acaba, estamos convencidos que seguirán apareciendo muchísimos aspectos sombríos de la Andalucía más negra que refuerzan la necesidad de un cambio político", concluya Salas.