El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía ha desestimado el recurso interpuesto por la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona Infraestructuras, Instalaciones Inabensa y Montealto Infraestructuras contra la adjudicación de la construcción y explotación de la futura Ciudad de la Justicia de Córdoba a otra UTE, la formada por Corsán-Corviam Construcción-Copcisa Industrial y S.L.U-Detea.

La resolución del citado tribunal, a la que ha accedido Europa Press, "es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)", si bien ello no impedirá, tal y como anunciara recientemente en Córdoba el consejero de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, Francisco Menacho, que la Administración autonómica pueda firmar "en breve" el contrato con la UTE adjudicataria del proyecto, lo que permitirá el inicio de las obras "en pocas semanas". El plazo de ejecución es de 34 meses y requiere una inversión en obra de 65 millones de euros.

En concreto, la Ciudad de la Justicia de Córdoba es el primer proyecto de infraestructura judicial que se realizará mediante la fórmula de colaboración público-privada y su coste total asciende a 345 millones de euros.

A través de esta fórmula de cofinanciación, la Junta de Andalucía adjudica a la UTE formada por Corsán-Corviam Construcción, S.A.-Copcisa Industrial y S.L.U-Detea, S.A, la licitación el derecho de superficie sobre una parcela de 12.112 metros cuadrados, situada en la zona de Arroyo del Moro, en la que la compañía se encargará de construir y explotar el edificio.

La Administración autonómica abonará un alquiler por el uso de las instalaciones, que albergarán la totalidad de los órganos judiciales unipersonales de la capital cordobesa, así como la Audiencia Provincial, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal, además de tener previsto espacio para crecimientos futuros.

La explotación del inmueble se otorgará por un máximo de 25 años, tras los cuales la titularidad del edificio revertirá a la Junta de Andalucía. En este periodo la empresa asumirá su mantenimiento y limpieza, la gestión del archivo judicial y la explotación de las placas fotovoltaicas del tejado y la cafetería, así como de las máquinas expendedoras de bebidas y alimentos, entre otras instalaciones. Así, la Junta se ahorrará unos 130 millones de euros en estos aspectos.

El arrendamiento se abonará mediante la fórmula del pago por disponibilidad, es decir, en función de la disposición que se haga del espacio y de la calidad del servicio, aplicando fórmulas específicas de cálculo.

Más de 50.000

Metros cuadrados

La construcción de la Ciudad de la Justicia se realizará de acuerdo con el proyecto redactado por la empresa Aguas y Estructuras SA (Ayesa), que prevé una superficie construida de 50.894 metros cuadrados, distribuidos en cuatro plantas en altura (32.894) y dos sótanos (18.146).

El edificio reunirá todos los requerimientos del nuevo modelo de Oficina Judicial en el que trabaja la Administración autonómica, para así conseguir una Justicia más ágil, eficiente y cercana al ciudadano, con innovaciones como la creación de servicios comunes para distintos órganos judiciales.

La Ciudad de la Justicia de Córdoba será el tercer complejo de este tipo que se pondrá en marcha en Andalucía, tras las de Málaga y Almería. Asimismo, es el primer proyecto de infraestructuras judiciales en el que se emplea la citada fórmula de colaboración público-privada, que permite obtener los beneficios de la cooperación del sector privado y dar respuesta a la actual coyuntura económica. Este mecanismo ya se viene aplicando en obras viarias y portuarias, así como en la construcción de edificios administrativos.