La juez que investiga los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza civil de 686 millones de euros al exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, encarcelado desde el sábado pasado.

La juez Alaya ha impuesto esa medida en concepto de responsabilidad civil y no para eludir la prisión, han precisado fuentes del caso. En un auto notificado este viernes, la juez también ha rechazado expulsar a la Junta como acusación particular en el proceso, como había pedido el abogado de Guerrero.

Explica la magistrada que "en el plano real" los verdaderos perjudicados por los ERE fraudulentos "son los ciudadanos de este país, con independencia del buen nombre de una institución pública". No obstante, en caso de declarar responsable subsidiaria a la Junta "se daría la paradoja de que a los únicos que podría beneficiar sería a los futuros acusados para no hacer frente a sus propias responsabilidades".

Mientras tanto, los ciudadanos "se verían doblemente perjudicados, primero por el presunto despilfarro dilatado en el tiempo de dinero público, y segundo por tener que hacer frente, mediante el abono de sus tributos, a la cantidad en la que se concrete la responsabilidad civil subsidiaria".

Aunque la Fiscalía Anticorrupción cifró la fianza en 933 millones de euros, la juez la sitúa en 686.190.686 euros y afirma que la ha calculado teniendo en cuenta el "principio de proporcionalidad, moderación, medida justa y equilibrio" y por los "sólidos indicios" contra Guerrero, que fue director general entre 1999 y 2008.

El auto enumera cuatro apartados de los fondos irregulares que concedió Guerrero (ayudas sociolaborales, ayudas a empresas, primas por los "intrusos" aparecidos en los ERE y pagos cruzados) y que eran "absolutamente discrecionales, concedidas solamente a entidades próximas a la Administración y estaban completamente huérfanas del procedimiento legalmente establecido".

La juez -que ya ha imputado a otros dos directores generales, al exconsejero de Empleo Antonio Fernández y al exviceconsejero Agustín Barberá- señala que "los sucesivos directores generales y sus superiores pudieron advertir la presunta ilegalidad de los expedientes iniciados por Guerrero" pero no detuvieron los pagos ni pusieron en marcha mecanismos de reintegro.