La Xunta ha acordado una propuesta formal que trasladará a todas las entidades que hayan emitido las conocidas como acciones preferentes y que constituye un "laudo arbitral" que abre una vía para que las depositarias y los usuarios alcancen una solución con "forma de sentencia judicial". En todo caso, para las cajas y bancos con dinero público, esta fórmula tendrá que ser avalada por el FROB y la Comisión Europea.

Así lo ha trasladado el jefe del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, en la que ha destacado que con esta medida se pretende dar cumplimiento al acuerdo unánime del Parlamento autonómico para que se busque una solución para los usuarios que han depositado sus ahorros en acciones preferentes.

Además, el dirigente gallego, que avanzó que a algunas entidades ya se les ha trasmitido esta posibilidad y que se seguirá haciendo con el resto, ha explicado que el Gobierno gallego lleva trabajando en esta problemática desde 2010 y ha sido el primero en crear un observatorio sobre estos productos financieros.

Actualmente en Galicia existen unas 70.000 personas afectadas por este tipo de depósito en 16 entidades. Tal y como ha recordado el presidente gallego, el mayor movimiento de acciones preferentes, el 75 por ciento, se realizó entre 2005 y 2008.