Cuatro meses después de ser confirmado en el cargo, Arturo Canalda puede dejar de ser el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. Aunque Esperanza Aguirre le renovó su confianza para otros cinco años el pasado mes de noviembre, la presidenta ha cambiado de opinión y ha decidido ahorrarse los alrededor de tres millones de euros al año que cuesta el Alto Comisionado.

Y es que la dirigente ha decidido acabar con la historia de esta institución por la vía directa. Este jueves, en respuesta a una pregunta de UPyD durante el pleno del parlamento regional, propuso a la Asamblea de Madrid la eliminación de esta figura, entregando sus competencias -"de enorme importancia", recalcó- a la Fiscalía de Menores.

Aguirre justificó su decisión como una medida de ahorro y como solución parcial para no tener que recortar en otros servicios esenciales. "Cuando la economía crece al 10% -apuntó- es fácil gobernar. Lo difícil es hacerlo cuando los ingresos disminuyen". "Es entonces cuando hay que demostrar capacidad, competencia e imaginación para preservar los servicios sociales", concluyó.

La intención de suprimir la oficina del Defensor del Menor supone una novedad en el discurso de Aguirre. El 10 de noviembre de 2011, a propuesta del Partido Popular y con la abstención del resto de partidos, Arturo Canalda fue confirmado en el cargo hasta 2016.

Este licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y máster en Administración de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas había accedido al cargo en 2006. Antes, Canalda había ocupado los cargos de director gerente del 112, director gerente del Canal de Isabel II, Delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid y viceconsejero de de Asistencia e Infraestructuras Sanitarias. Sustituyó a Pedro Núñez Morgades, que a su vez heredó el cargo del primer defensor de la Comunidad de Madrid y pionero en el cargo en España, Javier Urra.

UPyD ya había solicitado la supresión del Defensor del Menor por ser una oficina, a su juicio, redundante cuyas atribuciones podían ser asumidas por el Defensor del Pueblo y la Fiscalía de Menores. Sin embargo, el PP rechazó la enmienda que este grupo presentó a los presupuestos generales aprobados el pasado mes de diciembre.

Como informó 20minutos.es, el Defensor del Menor costaría a los madrileños 2,7 millones de euros en 2012 (2,9 millones en 2011). El Alto Comisionado, que depende orgánicamente de la Asamblea de Madrid, tiene un servicio de chófer cuya renovación acaba de salir a concurso y cuenta con una sede por cuyo alquiler desembolsa 18.000 euros mensuales.

La sugerencia planteada por Aguirre a los diputados del parlamento autonómico es, en realidad, una mera formalidad. El Defensor del Menor fue creado por mediante la Ley 5/1996, de 8 de julio de la Asamblea de Madrid en base a la ley regional 6/1995, de 28 de marzo, de garantías de los derechos de la infancia y la adolescencia. El cese de Canalda en el cargo o la derogación de la normativa deben ser ratificados por el pleno. Sin embargo, la mayoría absoluta del PP hace que Aguirre pueda superar este trámite sin contar con la oposición.

Este es el reproche que este jueves le hizo la socialista Matilde Fernández, que, si bien criticó el coche oficial o el dispendio en el alquiler del Defensor, denunció la actitud de la presidenta a la hora de tomar las decisiones de manera unilateral.

Josefa Amat, diputada de IU, señaló por su parte que aunque su grupo ha discrepado en numerosas ocasiones de los informes y propuestas del Defensor del Menor por creerlas "partidistas", sí considera que esta institución es "necesaria".