La Federación de Servicios Públicos de UGT ha censurado que el Govern ha iniciado el proceso para despedir a 800 trabajadores en el sector público de la Administración de la CAIB "amparándose en la reforma laboral y vulnerando el derecho a la negociación colectiva".

En un comunicado, UGT ha criticado que durante el transcurso de esta semana, el Ejecutivo de José Ramón Bauzá "ha continuado con los despidos colectivos ya iniciados hace un mes en las empresas Ports de les Illes y Semilla haciendo uso de la posibilidad de promover Expedientes de Regulación de Empleo por causas objetivas, siempre con carácter extintivo, es decir, mediante el despido de trabajadores de las plantillas".

Así, ha reprobado que en una estrategia "definida por la Oficina de control presupuestario, se pretende proceder al despido de más del 20 por ciento del personal de las empresas públicas".

En este sentido, UGT ha detallado que el procedimiento que se sigue es la comunicación verbal a los representantes de los trabajadores, "dándoles por emplazados e iniciándose el plazo estatutario de 15 días para efectuar informe".

Sin embargo, ha indicado que este plazo de tiempo se presenta como "vacuo, ya que la empresa manifiesta que es cosa hecha sin posibilidad de negociación para atemperar los efectos de los despidos".

"Se está vulnerando el derecho efectivo a la negociación colectiva, por lo que el Govern vulnera la Ley y, en esta vía, de hecho, transgrede la normativa laboral aplicable, suplantando la legitimidad y potestad de los actores sindicales, habilitados, constitucional y normativamente para negociar la reestructuración de empresas públicas", ha denunciado el sindicato.

Por otro lado, ha desvelado que otras empresas en las que la FSP-UGT tiene constancia de próximos despidos son ABAQUA, 112, Fundación Baleares Exterior e IDI.

Asimismo, ha añadido que es "falso" que se este procediendo a la amortización de plazas vacantes como método de extinción de contratos, ya que, según ha señalado, a UGT le consta "una propuesta de despido colectivo del 86 por ciento de los trabajadores de una empresa pública y que habían participado en un proceso selectivo de concurso-oposición, con la supervisión de la Conselleria de Función Pública".

De este modo, UGT ha recalcado que se trataría, por tanto, de un procedimiento de despido "nulo", de manera que ha anunciado que los servicios jurídicos del sindicato iniciarán acciones legales en defensa de los trabajadores.