El Pleno del Congreso de los Diputados ha respaldado ampliamente este jueves la modificación de la ley orgánica complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria que permitirá al Estado avalar el nuevo mecanismo de pago a proveedores municipales y autonómicos, convalidado la semana pasada también por amplia mayoría en la Cámara Baja.

La disposición modificada preveía que "el Estado no asumirá ni responderá de los compromisos de las comunidades autónomas y de los entes vinculados o dependientes de ellas, sin perjuicio de las garantías financieras mutuas para la realización conjunta de proyectos específicos".

Con el cambio normativo, se garantiza que "la administración del Estado pueda prestar las oportunas garantías" para el mecanismo de pago a proveedores sin que, de forma puntual y extraordinaria, "le sean aplicables las actuales limitaciones".

Además, gracias a una enmienda del PP, las administraciones podrán presentar ante este mecanismo no sólo las facturas de contratos de obra, servicio y suministro, sino también las de conciertos en materia de sanidad, educación y servicios sociales, así como a todos los servicios incluidos en la Ley de Contratos del Sector Público.

Acabar con una situación "inadmisible".

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha explicado al plenario que "el objetivo de este proyecto de ley es que la puesta en marcha de este mecanismo cuente con las suficientes garantías para asegurar el cumplimiento por las administraciones de sus compromisos financieros".

"Ésta es la segunda pieza de un mecanismo ágil de pago y cancelación de deudas, que continúa con la creación de un fondo para pago a proveedores, y que también clarifica asuntos como el papel de los interventores y de los plenos municipales. Y también salvaguardaremos las competencias de las comunidades autónomas relativas a la supervisión de los ayuntamientos", ha apostillado.

Gracias a esta medida se podrá "desbloquear una situación enquistada, inadmisible, inaceptable en un estado moderno" como es la morosidad de las administraciones públicas, lo que a su vez redundará en la protección de "muchos puestos de trabajo" y en más ayudas para "muchísimas pymes y autónomos", a la par que se "salvaguarda la prestación de servicios públicos", según ha defendido Montoro.

Asimismo, el ministro ha afirmado que este mecanismo permitirá "verter transparencia sobre las cuentas públicas" y, así, "ganar credibilidad ante los acreedores internacionales y los socios e instituciones europeos" como paso necesario para recuperar la senda del crecimiento.

Incluir al tercer sector.

Los socialistas han votado a favor "por coherencia" y para que "las administraciones públicas paguen sus deudas" con sus proveedores, si bien su portavoz de Economía, Pedro Saura, ha reclamado que se dé prioridad en el pago a las pequeñas y medianas empresas y también al tercer sector, "muy importante" en la prestación de ciertos servicios.

Además, ha reclamado "transparencia" en la gestión de las facturas y ha alertado de los riesgos de incrementar los costes financieros por el tipo de interés aprobado (un 5%), reclamando un tipo más cercano al 1% al que el Banco Central Europeo fijó para sus dos últimas subastas.

Por ello, el diputado ha exigido la "implicación" del sector financiero en la aportación de los 35.000 millones con los que estará dotado el fondo para que no se "genere ni más déficit ni más deuda" pública, ya que eso podría hacer que el Estado perdiera "credibilidad en los mercados internacionales".

CiU, por su parte, también ha votado a favor. Su portavoz en materia económica, Josep Sánchez Llibre, ha aplaudido que el Gobierno actúe con relación a este problema, y ha pronosticado que así se podrá "poner el contador a cero" en materia de morosidad y permitir a los proveedores "subsistir".

Además, ha valorado que se hayan aclarado algunos asuntos poco claros como el papel de los interventores o la autonomía competencial de las administraciones públicas, asegurando que el Ejecutivo se ha comprometido asimismo a aclarar cualquier duda referida a "las competencias de las comunidades sobre la coordinación de las entidades locales" y a las entidades municipales como consejos comarcales que "también tienen deudas contraídas" pero de momento no se pueden beneficiar del mecanismo.

La izquierda se abstiene

La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha explicado su abstención por boca del diputado Chesús Yuste, quien se ha mostrado favorable a "eliminar el corsé" que supone que el Estado no pueda avalar a las comunidades autónomas si bien ha alertado de que este mecanismo "llegará tarde" para muchos proveedores que no han logrado sobrevivir a la crisis.

Sin embargo, ha rechazado que este mecanismo sirva "para que la gran banca vuelva a hacer negocio" mediante la "especulación" con créditos del BCE que deberían servir para inyectar liquidez a la economía real; y también que se "fuerce a pymes y autónomos a renunciar a gran parte de la deuda". Además, Chuste ha reprochado al Gobierno su forma de legislar, "a golpe de silbato".

"Lo de hoy es un parche más. Hace falta una apuesta decidida por la estimulación de la actividad económica y un cambio de modelo productivo, pero ustedes miran hacia otro lado y además plantean unos presupuestos de economía de guerra. Insisten en una receta equivocada que no sólo exige enormes sacrificios a la ciudadanía y no va a ayudarnos a salir de la crisis", ha reprochado por último.

La diputada de ERC Teresa Jordà ha justificado la abstención de su formación en la necesidad de ser "responsable", pero ha recordado que el problema es el sistema de financiación y los incumplimientos del Estado, que es la administración "verdaderamente morosa". Además, ha reprochado al Gobierno que beneficie a los bancos, que "quintuplican los intereses" a los que compraron el dinero del BCE, y también ha criticado que esta medida supone un paso más en la "persistente estrategia de descuartizar las autonomías".

No queremos "cheques en blanco"

El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, también ha defendido su abstención afirmando que este mecanismo debería estar "más condicionado, porque para avalar hay que estar seguro de la devolución del préstamo". "Esto es un cheque en blanco", ha lamentado, apuntando a renglón seguido que ésta y otras medidas adoptadas en la misma línea deberían ser "parte de un conjunto mucho más amplio" que sirviera para coordinar las actuaciones de todos los niveles de administración.

Además, se ha preguntado si el Gobierno, tras "rescatar" a cajas de ahorros y administraciones, también tiene "en la cartera el rescate de los hipotecados que no pueden pagar y de los parados", y ha señalado que la raíz de esta situación está en una mal sistema de financiación de las administraciones públicas.