El duque de Palma, Iñaki Urdangarin, declaró ante el juez Castro que su papel al frente del Instituto Nóos era meramente institucional desde 2006, cuando el rey le pidió que dejara sus actividades, pero el magistrado no cree que fuera así, tal y como se desprende de un auto en el que Castro asegura que hay "sobrados indicios" de que Urdangarin desempeñó cargos de responsabilidad tras esa fecha.

Castro se apoya en las declaraciones de algunos imputados, quienes afirmaron que el duque y su socio, Diego Torres, tenían "la misma capacidad de decisión", así como, "por si cupiere alguna duda", en las palabras del propio Urdangarin, que admitió "haber mediado en 2007" con la Administración Balear para que Torres "obtuviera el cobro de una importante suma de dinero".

Además, según el texto, el duque reconoció haber desarrollado "puntuales negocios" con Torres después de su supuesta desvinculación, lo que deja en entredicho la declaración del marido de la infanta Cristina, que culpó a su socio del desvío de dinero e insistió en que su papel era meramente institucional. Según el auto, "no acaba de convencer el argumento de que las funciones" del duque eran "en materia estrictamente deportiva".

Por todo ello, Castro sitúa al expresidente del Instituto Nóos "al mismo nivel" que su socio y pierde fuerza el argumento de los exempleados del duque, que también señalaron a Torres como el único responsable de las decisiones.

El abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, aseguró este miércoles que desconoce el contenido del auto del juez y que solo se fía "de lo que sale del procedimiento", al tiempo que evitó pronunciarse sobre este auto hasta que no reciba la correspondiente notificación.

Junto al auto del juez, hecho público el martes, también se conoció que el Gobierno deberá responder a una pregunta planteada por ERC en el Congreso sobre las medidas de seguridad que puso para Urdangarin con motivo de su declaración ante el juez en Palma, así como cuántos agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se trasladaron y dedicaron a ese cometido.

Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción estudia la posibilidad de pedir una fianza civil de al menos dos millones para el yerno del rey, una vez la Agencia Tributaria aporte el informe que solicitó el juez instructor en torno a los ingresos percibidos por Urdangarin.