La acusada, G.G.D., de 34 años de edad, iba a ser enjuiciada desde el pasado viernes por un jurado popular en la Audiencia Provincial de Sevilla, pero finalmente el juicio no llegó a celebrarse después de que el fiscal rebajara su petición inicial de un año y medio de cárcel a varios meses de prisión sustituibles por el pago de una multa de tres euros diarios durante un año, pena con la que se conformó la acusada el mismo viernes.

Según relata el Ministerio Público en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la acusada concertó en febrero del año 2005 el arrendamiento de la vivienda de su propiedad con J.R.P., contrato "que estuvo vigente hasta el verano de 2007".

No obstante, "las relaciones entre las partes se deterioraron" a partir del mes de diciembre de 2006, todo ello "al intentar la acusada subir el importe de la renta mensual" y que el inquilino se hiciera cargo también del importe de una derrama de gastos comunes, negándose a ambas cosas el inquilino.

Por ello, según prosigue el fiscal, la imputada, que "tenía intención" de obtener una segunda hipoteca sobre la vivienda arrendada, "ocultó" al inquilino y a la pareja de éste que iba a entrar en la vivienda acompañada de un perito tasador para tasar el piso.

El 31 de enero de 2007, la acusada "aprovechó" la ausencia de ambos y entró "usando unas llaves que poseía" en la vivienda de los inquilinos, franqueando luego la entrada al perito tasador, "que desconocía" que el piso estuviese arrendado y que tomó las oportunas notas y fotografías para realizar luego su peritación.

Asimismo, la imputada realizó diversas fotos de las habitaciones en donde apreciaba la existencia de daños en el mobiliario y que, finalizado el contrato de alquiler, aportó a la demanda del juicio verbal en reclamación de cantidad por importe de 1.065,46 euros que presentó en mayo de 2008 contra J.R.P. en concepto de daños causados al inmueble.

Por estos hechos, la Fiscalía solicitaba inicialmente para la acusada 18 meses de prisión y el pago de una indemnización de 5.000 euros en atención al daño moral causado por un delito de allanamiento de morada.