El titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado de investigar un presunto agujero de 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo, ha imputado en la causa a dos personas más, administradores mercantiles de una entidad relacionada a su vez con el también imputado Daniel Calzada, y ha ordenado embargar la casa de Juan Carlos Gimeno y de Eva María Marsal como fianza.

Así consta en varios autos y decretos fechados los días 8 y 12 de marzo, y facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). En el auto del día 12, el magistrado ordena ampliar la investigación y tener como imputados a Oleksandr Kurales y a Nina Kurales, como administradores de las mercantiles ACRA 575 S.L. y ORBA 68 S.L. El primero era también empleado por cuenta ajena de una mercantil que no es objeto de la presente investigación; y la segunda estaba dada de alta en el Régimen Especial de Empleados Hogar.

Según explica en esta resolución, estas dos mercantiles iniciaron su actividad el día 13 de enero de 2006, y ambas —que se constituyeron con un capital de 3.010 euros— tenían el mismo objeto social: la promoción de obra pública y privada, construcción y venta de edificios de toda clase, parcelaciones y urbanizaciones, compra y venta de fincas urbanas y rústicas, y promoción y construcción de viviendas.

Estas dos mercantiles mantuvieron relaciones comerciales con Emarsa a lo largo del ejercicio 2006, sin que hubieran expedientes de contratación. En total, ACRA facturó a Emarsa en este periodo 60.280,03 euros, y ORBA 68.930,62 euros. En las facturas emitidas por ambas mercantiles se recoge que Emarsa era el cliente '4300019', es decir, el mismo número.

Este número de cliente era el que también fijó la mercantil Rehabilita Aqua S.L. para facturar a Emarsa. Esta última empresa estaba administrada por el imputado Daniel Calzada, quien también era propietario de Llar Calzada S.L.

Al respecto, el magistrado mantiene que los presupuestos, mediciones y 'certificaciones' que se adjuntaban a las facturas de ACRA y ORBA eran formalmente idénticos a los que se unían a las facturas emitidas por el empresas de Daniel Calzada. Todas ellas contenían conceptos genéricos que no permitían determinar dónde se habían realizado las obras y trabajos facturados.

Asimismo, y según se desprende de la base de datos de la Agencia Tributaria, los únicos clientes de ACRA en 2006, además de Emarsa, fueron Rehabilita Aqua (22.040 euros) y Llar Calzada (11.500,92 euros); mientras que los únicos clientes de ORBA en el mismo año fueron Rehabilita Aqua (23.580,48 euros) y Llar Calzada (44.692,48). Ninguna de las dos mercantiles declararon ni recibieron imputación alguna en concepto de pagos.

Por estos motivos y "coincidencias", el magistrado decide imputar a estos dos administradores, y también pide oír en calidad de imputados en relación con estos hechos a Daniel Calzada; al exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta; al ex director financiero de la entidad, Enrique Arnal; y al ex presidente del Consejo de Administración y consejero delegado, Enrique Crespo.

Por otro lado, en otras dos resoluciones, el magistrado de este procedimiento ordena embargar la vivienda de los imputados Juan Carlos Gimeno y Eva María Marsal para cubrir la fianza impuesta de 300.000 y de 100.000 euros respectivamente.

Comparecencia con crespo

En una última providencia, el juez acuerda convocar para el próximo miércoles, 14 de marzo, a las 9.30 horas, una comparecencia para debatir sobre la adopción de la medida cautelar de libertad provisional del imputado Enrique Crespo con obligación de comparecencia semanal, así como la retirada de su pasaporte.