El Pleno del Congreso de los Diputados votará este martes la primera moción presentada por Amaiur, relativa a la Política Agraria Común (PAC), en la que pide al Gobierno que presione a la Unión Europea para que incluya medidas que favorezcan la estabilidad de los precios, la incorporación de nuevos trabajadores al sector y la redistribución de las ayudas comunitarias entre los productores.

Esta moción se deriva de la interpelación al ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, la pasada semana, y con ella se busca emplazar al Ejecutivo a presentar, "en la mayor brevedad posible", ideas de cambio de la actual propuesta de reforma de la PAC que incluyan mecanismos de defensa de la preferencia comunitaria para "crear un marco que haga posible unos precios europeos estables que cubran los costos reales de producción".

Además, reclaman que se mantengan los controles de producción y que se redistribuyan las ayudas previstas en la Política Común entre los agricultores y ganaderos que "produzcan alimentos para la población" lo que, a juicio de Amaiur, redundará en un modelo agrícola más "sostenible y social".

El campo se queda vacío

Por otra parte, Amaiur recuerda que uno de los principales problemas del campo es el despoblamiento, por lo que también pide "propuestas concretas para la incorporación de nuevas personas a la actividad agraria", haciendo especial hincapié en la superación de "la actual discriminación" de la mujer mediante el "preceptivo informe de impacto de género".

Con estas medidas, la izquierda abertzale cree que se podría avanzar en la "soberanía alimentaria" que, a la postre, garantizaría un "modelo de sociedad más sano y justo", más respetuoso con el medio ambiente y más "duradero".

"La propuesta (de reforma) refleja una PAC agonizante, da cuenta de su verdadero desmantelamiento, profundiza gravemente en los errores que han llevado al sector agrario a la crisis actual y supone liquidarlo, además de poner barreras insuperables a nuevas incorporaciones al sector", alerta Amaiur.

Y es que, a su juicio, la política agrícola europea ha provocado el "hundimiento de los precios por debajo de los costes de producción, el abuso de la gran distribución con precios desorbitados para los consumidores e importantes daños sociales y medioambientales" al haberse visto "sometida a la liberalización comercial" y a un "mercado desregulado y especulativo" en el que "la agricultura ha servido de moneda de cambio".

Apoyo al sáhara

Finalmente, la propuesta de Amaiur también pide al Gobierno que impugne ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el acuerdo alcanzado con Marruecos por el "gravísimo impacto" que tendrá sobre los agricultores españoles y también porque a su juicio no respeta la soberanía del Sáhara.

La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ya presentó una proposición no de ley instando al Congreso a paralizar el acuerdo agrícola con Marruecos por considerarlo negativo para los intereses españoles así como a compensar al Sáhara por los recursos naturales de este territorio que se incluyen en el protocolo como parte del reino alauí, y PNV y ERC también adoptaron medidas similares relativas al acuerdo de pesca, que incluye aguas jurisdiccionales saharauis.

Regionalización de la pac

En relación con la PAC, CiU también ha presentado una proposición no de ley (PNL) para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso, en la que pide al Gobierno que aproveche las posibilidades de "regionalización" de la PAC que se incorpora en su propuesta de reforma.

"Depende de la voluntad del Gobierno central que podrá hacerlo con criterios objetivos y no discriminatorios, en base a la propia estructura institucional o administrativa, o tener en cuenta el potencial agrícola regional", recuerdan los nacionalistas catalanes, que consideran que en España se podría regionalizar desde un punto de vista institucional y otro productivo, para que "las comunidades autónomas alcancen una mayor capacidad de decisión y autonomía en la gestión del sistema de ayudas para adaptarlo a la realidad productiva de cada región".

De esta manera se podría conseguir que las comunidades tengan "capacidad de decisión en determinados aspectos e incrementar la autonomía en la gestión con el objetivo de poder adaptar las decisiones a sus sistemas productivos y, a la vez, ser más ágiles en la gestión", concluye CiU.