El Grupo Socialista en el Consell insular de Menorca ha solicitado este lunes la retirada de la tasa de 10 euros para la obtención o renovación de la tarjeta sanitaria.

La consellera Noemí Gomila ha avanzado que los socialistas presentarán una propuesta durante el pleno del mes de marzo a través de la que instan al presidente del Consell, Santiago Tadeo, a eliminar esta medida.

"Se entiende que la asistencia sanitaria es un derecho de todos los ciudadanos residentes en el Estado Español", ha enfatizado Gomila.

En este sentido, la propuesta de los socialistas está fundamentada en diversos artículos de la Constitución. En concreto, la consellera ha recordado que el artículo 41 afirma que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales frente a situaciones de necesidad.

Gomila también se ha referido al artículo 43 que, según ha dicho, reconoce el derecho a la protección de la salud, encomendando a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.

En relación a la legislación autonómica, la consellera ha hecho hincapié en la Ley 5/2003 de Salud de las Illes Balears, una normativa que estructura el eje principal de la organización sanitaria pública de los servicios sanitarios de las islas como ente público, de carácter autónomo, con plena capacidad de actuar y al que se encomienda la gestión de los servicios públicos asistenciales de la comunidad autónoma para garantizar la máxima eficiencia y para gestionarla desde la máxima proximidad y conocimiento de la población a la que va destinada.

A nivel de normativa estatal, Gomila ha citado el título I, capítulo III, de la Ley 49/1998, de presupuestos generales del Estado para 1999. La socialista ha subrayado que en el párrafo 14 se recuerda que el Estado asumió totalmente la financiación de la asistencia sanitaria, suprimiendo la aportación de cotizaciones sociales.

Basada en todos estos argumentos, la propuesta que defenderá Gomila concluye que el cobro de una tasa para la obtención o renovación de la tarjeta sanitaria no es pertinente a la universalidad y la gratuidad de la asistencia sanitaria.