La mujer que hace poco más de un año asfixió hasta la muerte a sus dos hijos de 9 y 11 años en Valladolid ha sido encontrada muerta en su celda de la prisión de Villanubla donde se encontraba en prisión provisional, según han informado fuentes de la investigación.

Los hechos han ocurrido sobre las 19,05 horas de este domingo cuando una reclusa ha avisado a las demás para que acudieran a cenar y al entrar en la celda de Maria del Carmen S.C. se la encontró suspendida del techo por un cordón anudado al cuello, han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

Los servicios médicos del centro han efectuado las correspondientes maniobras de reanimación y al no obtener resultado han certificó la muerte de la reclusa a las 19,45 horas. La titular del Juzgado Nº 6  se ha hecho cargo del caso y ha ordenado el levantamiento del cadáver, que ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense donde este lunes se efectuará la autopsia.

La mujer de 41 años ha muerto dos meses antes de que arrancara el juicio por jurado el próximo 4 de mayo en la Audiencia Provincial de Valladolid en el que se enfrentaba a una pena cárcel de hasta 40 años, a petición del Ministerio Fiscal y de la acusación particular del padre de los niños.

En diciembre de 2010, fue detenida e ingresada en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Clínico Universitario de Valladolid después de que acabara con la vida de sus hijos. La presunta asesina sedó a los dos menores y les asfixió en un edificio de la calle Adolfo Miaja de la Muela, en el barrio de Parquesol de Valladolid. Después alertó a un vecino de que sus dos hijos estaban muertos. El vecino, tras entrar al dormitorio donde yacían los niños, sin aparentes signos de violencia, avisó a la Policía. Tres días el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid decretó para la mujer, prisión provisional, sin fianza y comunicada.

La defensa de la mujer pedía que fuese calificada como inimputable ya que, según alegó, sufría un episodio de trastorno mental cuando se produjeron los hechos por lo que no debería ser juzgada. La Fiscalía que le atribuye además los agravantes de parentesco y premeditación pedía una indemnización de 240.000 euros.