La Junta de Andalucía ha puntualizado, respecto al auto de 36 páginas por el cual la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha dictado el ingreso en prisión del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, que de las 887 ayudas que otorgó cuando ocupaba el citado cargo "las que se hicieron de manera fraudulenta no están cuantificadas".

Fuentes del Gobierno andaluz han explicado a Europa Press que, si bien el auto reza que "en connivencia con otros, a sabiendas de su absoluta falta de competencia" y "omitiendo clamorosamente y de manera continuada el procedimiento legalmente aplicable", concedió "617 ayudas sociolaborales y 270 ayudas directas a empresas", también señala que "pudo conceder, con la misma connivencia, y de manera manifiestamente injusta y arbitraria, un número muy importante de ayudas para favorecer a familiares, amigos o personas próximas al entorno de Guerrero, al entorno de altos cargos de la Junta o del PSOE, partido que gobernaba durante el ejercicio de su cargo y gobierna en Andalucía", siendo estas últimas las que "no están cuantificadas y tendrían relevancia penal".

Así, según las fuentes, se trata de un "número muy importantes de empresas" a las que hace alusión Alaya en el párrafo cuarto del primer fundamento jurídico "las que tienen relevancia penal", una cifra que, inciden, "no están cuantificadas, si bien la propia expresión da a entender que no son todas".

Y es que, en cuanto a las deficiencias administrativas a las que hace mención la juez en el primero de los fundamentos jurídicos, tras lo que cifra en 887 el cómputo de ayudas que concedió Guerrero, "no tienen relevancia como para encarcelar a nadie", inciden las fuentes.