El proceso de condonación de la deuda de Grecia ha sembrado dudas sobre el funcionamiento y eficacia de los seguros de impago. Los tenedores de bonos soberanos que hayan contratado un seguro de impago están inquietos ante la posibilidad de que España, Portugal o Italia, que han visto rebajada su calificación de la deuda en los últimos meses, también necesiten una reestructuración de su deuda.

En el caso de Grecia, los poseedores de bonos soberanos han tenido que aceptar la quita de la deuda. Esto supone que se han visto obligados a canjear sus bonos de deuda griega por otros de menos valor. Para alcanzar la reestructuración de deuda deseada -de 177.000 millones de euros en esta primera fase-, el Gobierno griego tuvo que obligar a parte de los tenedores de bonos regulados por la legislación de ese país a aceptar la condonación de parte de la deuda.

Los poseedores de 152.000 millones de deuda griega (el 85,8% del total) aceptaron voluntariamente el canje, según datos del Ejecutivo, pero el resto de inversores en esta categoría (25.000 millones) se negó. El Gobierno heleno les obligó a aceptarlo mediante la activación de las cláusulas de acción colectiva (CAC).

La aplicación de estas clausulas, recién introducidas por Grecia en su legislación, fue considerada como constituyente de "evento crediticio" o impago y esto activó la ejecución de los seguros contratados para los casos de impago, lo que supone un coste de 3.200 millones de dólares (2.420 millones de euros).

Tras una reunión de varias horas, la Asociación Internacional de Permutas y Derivados (ISDA), con sede en Londres, concluyó a última hora del viernes que la quita de la deuda griega había constituido un impago (credit event), lo que activaba la ejecución de los seguros. Pero el anuncio llegaba muy tarde.

Tras completarse ayer la primera fase de la condonación de la deuda griega, el consejero delegado de la ISDA, Robert Pickle, negó falta de transparencia en el mercado de los seguros de impago y se justificó por la lentitud de la asociación en activar la ejecución de esos seguros. Pickle ha defendido la actuación de la entidad frente a la crisis griega y también el protocolo para la ejecución de los seguros que fue consensuado hace tres años y "ha aguantado la prueba del paso del tiempo".

Esta situación creó una nebulosa en el mercado que el viernes por la noche se despejó parcialmente pero que aún está pendiente de resolución, ya que no será hasta el 19 de marzo cuando se celebre la subasta de los seguros de impago asociados con la deuda griega.

En este sentido, el asesor legal de la ISDA, David Geen, estima que el monto que se distribuirá entre los poseedores de los seguros de impago será inferior a esos 3.200 millones, ya que se entiende que no han perdido todo el valor de su inversión inicial.

Sobre la eficacia de los seguros de impago en un contexto de incertidumbre económica, cuando se teme que otros países de la zona euro podrían tener que reestructurar su deuda, Pickle señaló que "lo importante es recordar que estos seguros se basan en un contrato legal" que ha de cumplirse, si bien es importante "fijarse bien en las cláusulas de ese contrato".

"Los inversores deben saber que cuando compran deuda a una parte que puede modificar las condiciones de su contrato (como los Estados en el caso de la deuda soberana), existe un riesgo", advirtió.

Con todo, Robert Pickle opinó que el pago de los seguros en esa próxima subasta no tendrá un impacto significativo en los mercados financieros, ya que "su exposición es pequeña" y "es un proceso público". Por otra parte, no descartó que la ISDA tenga que modificar su protocolo en cuanto a los seguros de impago en el futuro "si así lo demandan los agentes del mercado".