La juez Mercedes Alaya, que la madrugada del viernes a este sábado envió a prisión al exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, ha estimado que son 617 las ayudas sociolaborales y 270 las ayudas directas a empresas otorgadas fraudulentamente, mientras que la Fiscalía Anticorrupción calcula su importe en 933 millones de euros.

En un auto de prisión de 38 folios, la juez hace un resumen de lo investigado hasta ahora y afirma que Guerrero, "en connivencia con otros", otorgó esa serie de ayudas "de manera manifiestamente injusta y arbitraria" para "favorecer a familiares, amigos o personas próximas" a su entorno o al de "altos cargos de la Junta de Andalucía o del PSOE".

Todo ello "permitió el enriquecimiento injusto de unos pocos en detrimento del resto de los ciudadanos de la comunidad autónoma andaluza", dice Alaya, que enumera entre otros los 50 millones de euros que recibieron empresas de la Sierra Norte de Sevilla, creando un "enorme agravio comparativo" con respecto al resto de la comunidad.

Las compañías de Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, recibieron más de 9 millones, aunque "el desarrollo de la investigación puede desvelar más ayudas directas recibidas" tanto en este grupo empresarial como en otros, añade la juez.

La Fiscalía Anticorrupción pidió prisión para Guerrero alegando que la pena que puede corresponderle supera los 18 años de cárcel y solicitó, además, la imposición de una fianza de 933 millones de euros, importe de lo malversado, aspecto sobre el que la juez se pronunciará la próxima semana, han informado fuentes judiciales.

Al término de tres días de declaración en sesiones de mañana y tarde, la última cerrada a las 2.30 horas de esta madrugada, la juez decretó prisión sin fianza para Guerrero, lo que justificó por su riesgo de fuga al haber perdido ahora su "arraigo social y laboral" y porque "podría estar recibiendo presiones externas" para eludir ahora la acción de la justicia y así evitar que se conozcan hechos "que no haya desvelado todavía".

"Es ahora cuando se comienza a conocer la gravedad de los indicios contra él y otras personas, cuando verdaderamente surge ese riesgo de fuga", sostiene Alaya.

Guerrero es el primero del medio centenar de imputados que entra en prisión y la juez aprovecha su auto para rebatir a quienes vinculan sus decisiones con la campaña electoral andaluza, acusaciones que reflejan "su absoluto y total desconocimiento de los principios de justicia e independencia que rigen la función jurisdiccional".

Entre otros, ya han sido imputados en la causa el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero Agustín Barberá; el exdirector general de Trabajo Juan Márquez, su sucesor y actual titular Daniel Alberto Rivera, y el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, ninguno de los cuales ha declarado aún.

En su comparecencia judicial, Guerrero implicó como conocedores del sistema y destino de las ayudas investigadas al expresidente andaluz Manuel Chaves, al actual titular José Antonio Griñán e incluso a la portavoz de la Junta Mar Moreno, y señaló como artífice del sistema al exconsejero de Empleo José Antonio Viera, actual diputado en el Congreso, lo que en caso de imputarle obligará a elevar la parte de la causa referida a él al Tribunal Supremo.

El auto cita entre el "largo elenco de personas a las que arbitrariamente favoreció el imputado" a su exchófer Juan Francisco Trujillo, a quien concedió 1,3 millones de euros para unas iniciativas empresariales para las que "carecía de recursos materiales y personales para llevarlas a cabo" y otra ayuda de 122.649 euros para su madre.

A su vez, Guerrero recibió del chófer entre 40.000 y 60.000 euros en metálico, múltiples regalos como antigüedades o un piano y cuando ambos terminaban su jornada laboral a mediodía "acudían a establecimientos de copas, consumiendo alcohol y cocaína a diario que Trujillo pagaba con el dinero de las ayudas públicas", según el auto.

La juez enumera las irregularidades que han aparecido en la primera decena de empresas investigadas y cita, por ejemplo, que Surcolor tenía aprobado un ERE para 24 trabajadores pero incluyó a 26 y pese a que las indemnizaciones pactadas ascendían a 1,5 millones, las primas que pagó la Junta ascendieron a 2,6 millones.

"Las ayudas objeto de fraude no están todavía cuantificadas pero no son las 887 y por lo tanto tampoco se puede hablar de que afecta a 900 millones de euros", han precisado fuentes de la Junta de Andalucía. Han puntualizado que el auto de prisión contra Guerrero no precisa la cantidad de ayudas fraudulentas que éste presuntamente ha podido tramitar.

Esas 887 ayudas padecen deficiencias administrativas "pero ninguna de ellas tiene relevancia como para encarcelar a alguien" y, según la Junta de Andalucía se están mezclando "conceptos distintos que aparecen en momentos diferentes en el auto".