La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, así como el pago, en concepto de responsabilidad civil, de una fianza de 933 millones de euros.

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L, ha celebrado una vista para que las partes pidieran las medidas cautelares oportunas, y, así, la Fiscalía ha solicitado el ingreso en prisión de Guerrero por el hecho de que la posible pena que podría corresponderle por el delito continuado de malversación de caudales públicos podría ser de hasta 18 años de cárcel.

Todas las acusaciones, es decir, la Junta de Andalucía, el PP, Manos Limpias y el sindicato UGT, se han adherido a la petición del Ministerio Público, mientras que todos los abogados de las defensas se han opuesto a la petición de prisión.

La juez imputa a Guerrero hasta seis delitos, como son sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos delitos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil.

El Tribunal Supremo ha ampliado su calendario de citaciones en la causa que investiga al ex ministro socialista José Blanco en relación con la "Operación Campeón", desarrollada contra una presunta trama de obtención fraudulenta de ayudas públicas. Entre los citados, para el 29 de marzo, está el alcalde de Sant Boi (Barcelona), Jaume Bosch, implicado en un supuesto trato de favor al vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco.

Además de Bosch, y todos ellos como testigos a petición de la Fiscalía, comparecerán trabajadores de Nupel e industriales como José Antonio López Arias, director general de Cofares, a quien el empresario farmacéutico Jorge Dorribo, que es quien ha relacionado a Blanco con la trama, sitúa en la gasolinera de Guitiriz (Lugo) el 5 de febrero de 2011, el día que habría hecho entrega de un sobre con 200.000 euros para el ex ministro.