El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, ha manifestado este viernes que existen demarcaciones judiciales "decimonónicas" que "urge" revisar, así como leyes procesales que no se "compadecen" con el siglo actual, por lo que resulta "inaplazable" un cambio.

Asimismo, ha considerado que la "secular politización" padecida por alguno de los órganos del gobierno judicial son retos cuya reforma debe acometerse "mejor hoy que mañana".

Además, ha explicado que en una época en el que las dificultades económicas hacen "impensable" abordar reformas estructurales de calado es necesario ser "más imaginativos que nunca" y diseñar un sistema judicial que aporte mayor eficacia cuando la bonanza económica sea una realidad.

En este contexto, ha apuntado que si la prometida modernización de la Justicia debe esperar debido a la escasez presupuestaria, es preciso construir un cuerpo normativo moderno que coloque al poder judicial en condiciones de igualdad con los restantes poderes del Estado.

Para José Luis Concepción, en la actualidad se viven "graves" momentos en los planos económico, social y humano, donde la crisis monetaria se ve acompañada de una "importante crisis de valores" a la que la Justicia "no es ajena".

Proyectos "felizmente abortados"

A su juicio, la tradicional escasez de medios que padece el sistema se ha visto acompañada en los últimos tiempos por proyectos legislativos "felizmente abortados" que ponían "en entredicho" la independencia judicial y que los representantes judiciales han denunciado "con toda su fuerza".

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se ha pronunciado de este modo en el acto de entrega de la Cruz de San Raimundo de Peñafort al presidente de la Audiencia Provincial de León, Manuel García Prada, un evento que ha contado con la presencia de numerosos representantes del sistema judicial, así como de los ámbitos político y social de la ciudad.

Al acto han asistido el presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, Javier San Martín; el Procurador del Común de Castilla y León, Javier Amoedo; el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván y la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, entre otros.