El Gobierno de Extremadura ha encargado al Consejo Consultivo un dictamen sobre la posibilidad de plantear un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley 1/2012 de 27 de enero, de suspensión de primas a las energías renovables aprobado por el Ejecutivo central.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes encargar este dictamen, según ha explicado en rueda de prensa del consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri, quien ha justificado la intención del Gobierno de Extremadura de presentar este recurso de inconstitucionalidad porque el real decreto considera que "perjudica gravemente a Extremdura"

Así, Echávarri ha explicado que si el dictamen que elabore el Consejo Consultivo de Extremadura, y posteriormente los servicios jurídicos del Ejecutivo regional, ofrecen una "mínima base jurídica", el Gobierno de Extremadura va a "agotarla hasta el final" y presentará este recurso de inconstitucionalidad.

En su intervención, el consejero ha recordado que desde el principio, el Gobierno extremeño se opuso "de forma rotunda" a este real decreto, y así se lo hecho saber tanto al presidente del Gobierno como al ministro en los encuentros que han mantenido.

En ese sentido, Echávarri ha explicado que el Gobierno extremeño va "a agotar todas las vías" que se pusieron en marcha por la vía política, como una moción en el Parlamento regional que pedía acotar el tiempo de la suspensión o establecer un régimen específico para Extremadura, pero de momento el Ejecutivo regional no ha recibido respuesta.

Sin embargo, el Gobierno seguirá "insistiendo" en sus peticiones, de ahí la decisión de pedir informes al Consejo Consultivo, y posteriormente a los servicios jurídicos "para determinar si cabe este recurso".

Inseguridad jurídica

Echávarri se ha mostrado "consciente" de la necesidad que tenía el Gobierno central "de atajar en cierto modo lo que se esta produciendo con el déficit tarifario", pero no está de acuerdo "en la manera que se ha hecho y cómo se ha producido", ya que en su opinión, hubiera sido necesaria una consulta previa a las comunidades autónomas.

Y es que, a juicio del consejero de Energía, las primas a las renovables "no es la causa principal del déficit tarifaria", y con su aprobación, se ha creado una situación de "inseguridad jurídica tremenda" porque no se conoce el tiempo por el que se extenderá esta suspensión.

Además, "se ha cortado de una manera tajante" la estrategia que Extremadura venía desarrollando en materia de energía renovable, un sector que lideraba y que tenía un "impacto positivo" tanto en términos de crecimiento del PIB regional, como de recaudación fiscal o de creación de empleo, entre otros motivos.

Según los datos que ha aportado José Antonio Echávarri, Extremadura tenía una potencia total de generación renovable para el horizonte de 2015 de 906 megawatios, y de acuerdo a los expedientes que se estaban tramitando, había un "desarrollo real de inversiones" de 5.463 millones de euros y una generación de empleo de 16.360 en construcción y 4.026 en la fase de operación. Además, ha cifrado en 327 millones de euros "la generación real de ingresos municipales".

"Queda demostrado que las consecuencias de este real decreto para Extremadura son muy negativas", ha señalado Echávarri, quien ha aseverado que el Gobierno regional seguirá insistiendo al central en sus peticiones, y "si no son atendidas" y el informe del Consejo Consultivo considera que hay "indicios o argumentos suficientes", se interpondrá este recurso de inconstitucionalidad.

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