La concejala del PP Maite Menéndez ha instado este viernes en el Pleno al edil de Educación y Cultura, Carlos Rubiera (FAC) a ser "valiente" a la hora de defender los intereses ciudadanos y ha visto la necesidad de encargar un nuevo estudio jurídico sobre el informe contable de la gestión del Teatro Jovellanos, ya que, a juicio de los 'populares', creen que los anteriores gestores del Coliseo gijonés se pudo incurrir en un delito societario del artículo 279 del Código Penal, al haberse constatado el perjuicio económico que provocaron.

"Todos nos sentimos engañados por la gestión de Carmen Veiga y José Manuel Sariego", ha dicho con alusión a la gerente y al presidente anterior del teatro. "En nombre de la cultura no todo vale", ha dicho. Como ejemplo, ha citado el contrato del apoyo contable y administrativo del teatro, que desde 2003 era de 12.000 euros anuales, pero que en 2010 facturó 80.000 euros, un gasto no autorizado por la gerente, lo que se incumple el artículo 279 de la Ley de Contratos del Sector Público, por la cual no se debería de ser por más de cuatro años, prorrogable a seis. Es por ello, que ha indicado que lo lógico es que se hubiera sacado a contratación pasado ese tiempo.

En el caso del contrato de limpieza, era de 5.740 euros al mes inicialmente, pero se pagó un 20 por ciento más de un complemento (+6.800 euros), bajo el pretexto que era para igualar lo que se pagaban antes. Según Menéndez, es un quebrantamiento de las normas.

En tercer lugar, ha aludido al contrato de servicio de portería y taquilla, por importe de 145.000 euros al año, pero que registró un exceso de 70.000 euros. En este caso, defendió que si eran necesarios esos nuevos servicios complementarios, se tendría que hacer una nueva licitación. Con todo, ha augurado que si los hechos hubiesen sido dentro del ámbito de la empresa privada, Veiga y Sariego hubieses sido despedidos "inmediatamente".

Ha comparado la situación con la de la RTPA, con "desastres" de contratación que no suponen un alzamiento de la cultura. Ha trasladado, asimismo, al PSOE, que se hagan "mirar el grado de honestidad, porque la tiene un poquito baja para ocupar cargos de tanta responsabilidad".

Responsabilidades políticas,

No penales

Rubiera, por su parte, ha incidido en que el informe de los servicios jurídicos municipales respecto al de gestión, señala que hubo incumplimientos de la normativa en materia contratación del sector público, pero, no obstante, también dice que parece bastante claro que no nos hayamos ante conductas "presuntamente delictivas", ya que los fondos públicos se destinaron a su fin.

Ha apuntado, por tanto, que el Gobierno Local no va a actuar judicialmente contra los antiguos gestores del Jovellanos, lo que no quiere decir que estos no tengan responsabilidades políticas "que ciudadanos tendrán muy en cuenta a la hora de ir a las urnas", ha apostillado.

Por contra, ha defendido que Foro está está aplicando una gestión con un "rigor absoluto" del dinero público y ha añadido que están teniendo un "notable éxito" del manejo de la parte artística. En este sentido, están procediendo a liquidar todas las deudas de años anteriores, a lo que se suma casi un millón de euros que han tenido que transferir del Consistorio al teatro en el presupuesto de este año.

Ante estas manifestaciones, la concejala socialista, Carmen Veiga, ha usado su derecho a intervenir por alusiones, y ha tildado de "gravísimo" que se dude de su honestidad, y más que se haga con base a un informe de consultoría que es de parte y solicitado por Foro precisamente por un concejal -Couto— a gente de su confianza sin haber pasado por el preceptivo visto bueno del Consejo de Administración del teatro Jovellanos.

Es más, ha recriminado que una actividad que criticó en su día el PP -contratar 'a dedo'— sirva de referente para presentar bases de una acusación "tan grave" y poco ética, como es un informe de parte y organizado por los amigos de un edil.

"No me atribuyo ninguna responsabilidad en afirmaciones hechas al dictado de un grupo político", ha dicho, y sí responde de lo que figura en la auditoría municipal y el informe del Tribunal de Cuentas. "Todo lo demás es seguir arrojando tintas de calamar", ha dicho. Y sobre la política cultural de Foro y el ahorro aplicado, se ha limitado a decir que "cuando no se friegan platos, no se rompen".

Políticas igualdad

La concejala del PSOE Ana González, por otro lado, ha llamado la atención a la alcaldesa, Carmen Moriyón (FAC), sobre la memoria de actividades municipales en políticas de igualdad, a lo que esta ha dicho ser consciente del compromiso adquirido con la Carta Local por las mujeres. Ha apuntado que se está elaborando la memoria de las actividades realizadas, además de resaltar que las iniciativas de inserción laboral se incluyen en el pacto local.

La regidora ha añadido que por primera vez, se ha unido a la firma del nuevo pacto una persona de la Oficina de Políticas de Igualdad, documento que incluye propuestas del Consejo de la Mujer. Como ejemplos, incorporarán la perspectiva de género en los todos los informes y estudios del Observatorio de Actividades Socioeconómicas, se incrementará el programa 11x12, habrá cursos de formación, se ampliará la red de escuelas de 0 a 3 años, potenciarán la Unidad de Género e implantarán planes de igualdad en empresas municipales.

Contratos menores

En el turno de ruegos, la portavoz del Grupo Municipal Popular Pardo, Pilar Fernández Pardo, ha pedido extender a las empresas municipales el dar publicidad, al igual que se hace en el Ayuntamiento, a los contratos menores que tengan un importe superior a 12.000 euros. Es por ello, que ha instado al edil de Desarrollo Económico y Empleo, Fernando Couto, a que, si comparte esta idea, la lleve a la práctica, como se hizo con la iniciativa de hacer auditorias en las empresas públicas, aunque al final se adjudicaran 'a dedo'. "Publicidad, concurrencia y competencia", ha apostillado.

Couto, por su lado, se ha mostrado a favor de todos estos conceptos y ha añadido otros, como la transparencia. Ha replicado a Pardo, que en el caso de la EMA el informe de gestión se contrató a petición de ella misma, aunque se informó al Consejo de Administración y ellos acordaron por unanimidad cómo se iba a hacer. Este último hecho ha sido desmentido por el edil del PP Eduardo Junquera, al decir que estaban de acuerdo con hacer el informe de gestión, pero no se informó al Consejo cómo se iba a contratar, antes de instar a la alcaldesa, Carmen Moriyón, a que el dinero del informe contratado sobre emisiones con la Universidad de Oviedo vaya destinado a reducir la contaminación atmosférica en la ciudad.

Moriyón ha defendido el inventario de emisiones atmosféricas, que nunca tuvo Gijón, por el que se pretende detallar actividades en las que se puede mejorar el consumo. Ha matizado que se siguen los protocolos de los organismos europeos e internacionales y ha incidido en que el informe lleva parejo un plan de energía sostenible.