El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes a un "código de buenas prácticas voluntario" dirigido a las entidades bancarias con el fin de plantear alternativas a las ejecuciones hipotecarias y, en definitiva, a los desahucios. Así, según ha anunciado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, se ha aprobado un real decreto ley para dar "cobertura legal" a los deudores hipotecarios sin recursos.
Va dirigido a aquellas familias que tienen una única vivienda, que es la habitual y la afectada por esa por esa posible ejecución; que tienen a todos sus miembros en el paro y no perciben ingresos -son 1,5 millones, según ha explicado-; y que pagan cuotas de hipoteca que exceden el 60% de sus ingresos.
Además, se tendrán en cuenta unos baremos de precio de adquisición de esas viviendas: un máximo 200.000 euros en las ciudades de más de 1 millón de habitantes; 180.000 euros en las de más de medio millón; 150.000 euros si superan los 100.000 ciudadanos; y un límite de 120.000 euros en las poblaciones de menos de 100.000 habitantes.
El real decreto incluye dos medidas clave: una limitación de los intereses moratorios en los casos de problemas de ejecución, que será, como máximo, el resultado de la suma de los intereses pactados en el préstamo más de un 2,5% -antes "no había límite", ha afirmado Sáenz; y, por otra parte, ese código de buenas prácticas como parte de una "reforma de los procedimientos de ejecución extrajudicial".
"Buena acogida" de las entidades
El código será de aplicación voluntaria, pero aquellas entidades que lo suscriban, estarán obligadas a cumplirlo e incluso se les podrá llevar a los tribunales si no lo hacen.
La vicepresidenta ha asegurado que el Gobierno ya ha hablado con las entidades y que han acogido "bien" la medida; y, aunque no ha querido dar nombres sobre cuáles se adherirán, ha dicho que el Ejecutivo será "transparente" sobre ello. Sí ha aclarado que no habrá incentivos fiscales para la banca, solo algunas bonificaciones. Para comprobar el cumplimiento del código se creará una comisión de seguimiento, ha explicado.
La misión de este código es plantear alternativas o "mecanismos diferentes" para evitar un desahucio y afecta "a todas las hipotecas vigentes". La vicepresidenta ha hablado de tres pasos:
- Reestructuración de la deuda: se establece una carencia en el pago de capital de hasta 4 años, se amplía el plazo de vigencia de la hipoteca hasta 40 años y se limitan los tipos de interés a euríbor más 0,25%.
- Quita: si pese a todo lo anterior, la familia o la persona no puede hacer frente a los pagos, se prevé la posibilidad de una quita de parte de la hipoteca.
- Dación en pago: si el deudor tampoco puede pagar, se prevé como último recurso esta medida. Aunque entregue la vivienda como pago, se podrá quedar en ella durante dos años en alquiler pagando durante ese tiempo un interés limitado de la deuda pendiente, que será de un 2%. Ejemplo: si quedaban por pagar 100.000 euros, la cuota mensual de alquiler sería de 250.
Desde que empezó la crisis ha habido más de 300.000 ejecuciones hipotecarias en España. Por eso, Sáenz ha explicado que el Gobierno trata de paliar la situación dramática de muchas familias que lo han perdido todo, con todos sus miembros en paro, que se van quedando sin ingresos y ante la imposibilidad de pagar sus hipotecas, se ejecutan sus viviendas y acaban en el desahucio.
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