En los últimos cinco años, Esperanza Aguirre ha acometido recortes a discreción. La presidenta comenzó por adelgazar su Gobierno en junio de 2008, cuando redujo el número de consejerías. En marzo de 2010 prescindió de 48 coches oficiales, rebajando también su gama, y de 23 conductores. En junio de ese mismo año, rebajó su sueldo y el de sus consejeros un 17%, por encima de lo ordenado por el Gobierno central para ahorrar.

Los servicios públicos no se han librado. Desde 2008, el dinero destinado a los hospitales, los centros de salud, los colegios o la atención social de los madrileños también ha descendido. Sin embargo, hay una institución que, por su relevancia social y pese a no tener ningún poder ejecutivo, ha esquivado los recortes más drásticos: el Defensor del Menor.

La institución, que existe desde 1997 y que Arturo Canalda comenzó a presidir en 2006, ha visto crecer su presupuesto casi ininterrumpidamente desde su creación. Sin embargo, los fondos que la Asamblea de Madrid (institución de la que depende orgánicamente) ha destinado a este Alto Comisionado han pasado de los 2,9 presupuestados en 2011 a 2,7 millones de euros para el presente 2012.

El 66,5%% de esta cantidad se dedica a los sueldos (1,8 millones). El Defensor y su personal de confianza (Jefe de gabinete técnico y secretario general) se reparten 247.300 euros; los cargos eventuales, 150.200; y la veintena de funcionarios de distintas categorías (la mayor parte del personal de la oficina y que incluye técnicos, secretarios, archiveros y otros) , 1.101.500 euros. Otro 30% se va en  gastos de funcionamiento (596.279 euros, excluyendo el alquiler), según consta en los presupuestos de la Comunidad de Madrid.

Con ese dinero, el defensor mantiene una oficina de 886 metros cuadrados en un edificio propiedad de la constructora Metrovacesa situado en el distrito de Moncloa-Aravaca. A pesar de la política de Esperanza Aguirre de limitar los alquileres y trasladar los organismos oficiales a edificios propiedad de la Comunidad, el Defensor renovó el contrato de su sede el pasado 1 de marzo. El coste será de 18.190 euros más IVA al mes, 262.721 euros en total, hasta el 28 de febrero de de 2013, según datos oficiales del parlamento regional.

Los portavoces oficiales de la institución aclararon que, pese a lo elevado de esta cantidad, las cuotas han sido negociadas a la baja para reducir los 312.813,86 euros más IVA al año que abonaba hasta el momento y poder pagar un 33% menos.

El servicio de coche oficial y chófer también ha salido a concurso este mes. Según la oferta recien publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), el 7 de marzo, el comisionado pagará hasta un máximo de 160.518 euros (IVA incluido) por tener a su disposición un conductor y un coche de alta gama durante los próximos cuatro años. El contrato, que sale a concurso por el procedimiento de subasta, incluye el sueldo del conductor, los seguros sociales, reparaciones, combustible y coche de sustitución su fuese necesario.

En estos momentos, precisa la institución, el coche se utiliza tanto para recoger y trasladar al Defensor como para los desplazamientos de su equipo técnico y, "con frecuencia", para el intercambio de documentación con la Asamblea de Madrid. El actual es un Peugeot 607.

La Asamblea de Madrid, donde el PP tiene mayoría absoluta, otorga al Defensor el estatus de un consejero, por lo que le mantiene como a estos -y a diferencia de los viceconsejeros y directores generales- el coche oficial. Aunque el nombramiento lo decide la Cámara y es el PP quien propuso a Canalda y le renovó en el cargo en 2011, se le permite tener una sede independiente por no estar sometido, según la ley por la que se rige, a ningún partido político.

El Partido Popular siempre ha defendido la figura y la valía del Defensor. Sin embargo, la oposición pone en tela de juicio el gasto derivado de su existencia, ya que su labor se reduce, en la práctica, a realizar informes, protocolos y recomendaciones que no son vinculantes ni de obligado cumplimiento por el Gobierno regional ni por la Cámara. En última instancia, puede remitir los expedientes abiertos a la Fiscalía por si esta quiere iniciar una investigación.

Ambas instituciones, denuncia la diputada de IU Pepa Amat, "ningunean" repetidamente a Arturo Canalda cuando le obligan a presentar su informe anual de gestión, que se realiza en el pleno de la Asamblea, entre las 23.00 y las 0.00 horas, como ha venido ocurriendo durante los últimos cuatro años. "Es su acto más importante del año y solo en 2011 el PP admitió adelantarlo a las 21 horas, al final del pleno", subraya. Amat añade que la Comunidad incumple cada año las peticiones que el comisionado le hace sobre la situación de los menores en la Cañada Real.

Para la socialista Matilde Fernández, el gasto en la sede y en el coche oficial es "injustificable". "El Defensor debería invertir sus recursos en empleados y medios para proteger a los niños de la región y no en su comodidad personal", sentencia. Para Luis de Velasco, portavoz de UPyD, el Defensor del Menor ni si quiera debería existir, al menos con su falta de capacidad de actuación actual.

Madrid (pionera en la implantación de esta oficina a nivel nacional) Andalucía y Cataluña son las únicas regiones que cuentan con la figura del Defensor del Menor.