La Consejería de Administración Pública incide en que el Gobierno de Extremadura "no tomará ninguna decisión" respecto a "posibles amortizaciones de puestos de trabajos" de personal de la administración regional "hasta que no se conozcan los resultados de las auditorias de personal" que se están llevando a cabo por parte de la Inspección de Servicios de la Dirección general de Función Pública.

Esos trabajos de análisis, que se iniciaron en febrero tras la aprobación del Plan RST, tienen como objetivo fundamental la reorganización del trabajo y los recursos humanos en la Administración Pública, según informa el Gobierno de Extremadura en nota de prensa.

"Una vez analizadas las necesidades de los distintos departamentos de la administración y la carga de trabajo de sus plantillas, se procederá a la reordenación de los efectivos para, por un lado, ahorrar en gasto y, por otro, seguir manteniendo un nivel óptimo de servicios a los ciudadanos", apunta el Ejecutivo regional.

Por tanto, "hasta que no se conozcan los resultados de esas auditorías, no se tomará ninguna decisión respecto de la dimensión de la actual plantilla de empleados públicos".

En este sentido, desde la Consejería Administración Pública se vuelve a insistir en que los empleados públicos no "son más privilegiados que otros trabajadores. El principio de igualdad rige para todos: pero eso no quiere decir nada" hasta que no se conozcan los resultados de evaluación interna, según ha asegura el consejero de Administración Pública.