El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira, ha acordado la incoación de diligencias informativas para averiguar por qué el juez Antonio Pedreira no preguntó al Tribunal Supremo quién debía investigar al exdirector de la Radio Televisión de Valencia Pedro García por los contratos que realizó con empresas de la trama 'Gürtel' durante la visita que el Papa realizó a Valencia en junio de 2006.

Viera ha tomado esta decisión para esclarecer "los extremos relativos a la información aparecida en el día de hoy" según la cual el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que se ha hecho cargo de la investigación al dejar de ser aforados los imputados en la causa, ha preguntado al alto tribunal quién debe asumir esta parte de la investigación después de que fuera rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El magistrado ha adoptado esta providencia tras haber comprobado que Pedreira, que en mayo de 2010 envió esta causa al TSJCV, no tramitó una cuestión negativa de competencia al Supremo después de que este órgano judicial rechazara una parte de la causa.

Pieza devuelta por el tsjcv

Ruz, que ha interrogado este jueves a los imputados Pablo Crespo y Jacobo Gordon por los contratos que la trama 'Gürtel' obtuvo en el viaje que el Papa realizó a Valencia en junio de 2006, ha remitido a la Sala Segunda del alto tribunal los autos dictados por Pedreira y el tribunal valenciano, así como los informes elaborados al respecto por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado.

En mayo pasado el TSJCV abrió una investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP de Valencia por delito electoral en las elecciones locales y autonómicas de 2007 y por falsedad mercantil en los comicios de 2008.

De igual modo, remitió de vuelta al TSJM la investigación sobre Pedro García por delitos de cohecho y prevaricación tras constatar que no se trataba de una persona aforada y que la operación fue "más presuntamente diseñada por la organización de Francisco Correa", el presunto líder de la trama en Madrid.

Esa investigación, que es la que Ruz eleva ahora al Supremo, también incluye supuestos delitos de cohecho y prevaricación relativos a contratos que la Generalitat valenciana firmó con Orange Market y otras sociedades pertenecientes al grupo empresarial de Correa. El TSJCV argumentaba que no podía asumir esta competencia por "no reunir los necesarios requisitos de concreción y atribuibilidad a concretas personas aforadas".

De igual forma, el tribunal valenciano se declaró no competente para estudiar los delitos fiscales atribuidos a Orange Market o a algunas de las sociedades pertenecientes al 'Grupo Correa'.