El sindicato STE ha advertido de que los 180 interinos que han sido despedidos en toda Castilla-La Mancha como consecuencia del cierre de los Centros de Formación de Profesores y los Centros de Recursos y Asesoramiento a la Escuela Rural (CRAER) podrían presentar un recurso para reclamar a la Administración regional responsabilidad patrimonial.

Así lo han indicado en rueda de prensa las responsables de este sindicato, Laura Torrres, Sonia blanco y Margarita Sánchez, que han avanzado que algunos de los perjudicados ya se han puesto en contacto con la asesoría jurídica del sindicato para presentar recursos contra la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

Han recordado las responsables de este sindicato que la aplicación del Decreto 59/2012, que regula la nueva estructura del modelo de formación en la región, ha supuesto la supresión de los Centros de Formación del Profesorado y los CRAER, y con ello el cese de los asesores que venían desarrollan sus funciones en ellos. Esto ha provocado que al menos 230 asesores hayan sido desplazados, y 180 interinos hayan sido despedidos.

Dicho esto, han explicado que si la plaza de los asesores que trabajaban en estos centros estaba ocupada por un funcionario de carrera, la administración ha tenido que desplazar a estos funcionarios a otras plazas, lo que a su vez, ha supuesto el desplazamiento de otros trabajadores.

En el caso de los interinos, desde el STE han precisado que muchos de los despedidos tenían un contrato de trabajo y destino hasta final de curso, esto es, hasta el 31 de agosto en el caso de los profesores de Primaria, y hasta el 14 septiembre en el caso de los de Secundaria.

Es por ello que han denunciado que la Consejería de Educación "ha sobrepasado los límites de su potestad autoorganizativa", y que en esta forma de proceder aprecian una "clara responsabilidad patrimonial" de la Administración, responsabilidad que incluso puede llegar a ser penal.

Y es que, según han continuado, para dictar esa nueva resolución de relaciones de trabajo y plantillas han "incumplido conscientemente" las resoluciones de adjudicaciones definitivas del Cuerpo de Maestros y de Secundaria, convirtiendo las plazas vacantes en sustituciones, vulnerando así los principios de igualdad, mérito y capacidad, que establece el Estatuto Básico del Empleado Público, y la resolución de la convocatoria de aspirantes a interinidades.

Denuncian que Educación también han incumplido la norma relativa al Concurso General de Traslados, que establece el Concurso Provisional o "concursillo", que adjudica plaza provisionales a funcionarios de carrera por el plazo de un curso completo.

Perjuicio para los alumnos

Además del perjuicio ocasionado a los docentes, las representantes del STE han alertado de que estos cambios han provocado un impacto "muy negativo" en los alumnos, pues muchos de ellos han visto como a mitad de curso les han cambiado de profesor, siendo los más afectados los que cursan Segundo de Bachillerato, que terminan en mayo para presentarse a las pruebas de Selectividad.

Por ello, no entienden como la Administración regional educativa, después de que anunciara en agosto de 2011 que iba a cerrar estos centros, ha procedido a ejecutar esta resolución a mitad de curso, cuando podría haber esperado al mes de septiembre.

Así las cosas, las tres responsables del STE se han preguntado dónde está el ahorro que la Administración regional defiende en la organización de estos servicios, convencidas de que los gastos serán mayores si tienen que indemnizar patrimonialmente a los afectados por estos despidos y desplazamientos.