La Consejería de Agricultura y Pesca, consciente de que la desigualdad de género para el desarrollo sostenible de los territorios no solo es "injusta" sino que es "muy negativa", ha mostrado su compromiso con las iniciativas de las mujeres de los territorios rurales andaluces.

En un manifiesto por el Día de la Mujer, la Consejería ha reiterado su voluntad de seguir trabajando por los derechos laborales y personales que garantiza la Ley de Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias y por la lucha contra la feminización de la pobreza y la exclusión social, apoyando a las mujeres en situación de vulnerabilidad.

"Hoy, el papel que realmente juegan las mujeres del medio rural andaluz y su aportación a la vida social y económica constituyen una de las premisas que seguirán configurando nuestra agenda política", subraya.

El manifiesto indica que si hay algo que caracteriza a los territorios rurales andaluces es su alto grado de heterogeneidad y basta mirar los recursos naturales, la forma en que se configuran las estructuras productivas, los sujetos sociales, las formas organizativas y sus prácticas culturales, para descubrir "un complejo entramado de dilemas, motivaciones y desafíos".

Tal complejidad, según apunta, sólo puede afrontarse desde varios enfoques, con carácter innovador e integrador, para "no dejar de lado ninguno de sus componentes y asegurar, así, un desarrollo rural más equitativo".

Desde un enfoque territorial que parte de la visión del territorio como una unidad de gestión y planificación de recursos que tenga como fin una comarca geográfica específica. Por tanto, el territorio asemeja, así, un escenario de relaciones productivas, sociales y de género, con una identidad y un proyecto de desarrollo concertado socialmente por los hombres y las mujeres que habitan en ese espacio geográfico.

Y desde un enfoque de género, por su necesaria aportación en la medida en que nos permite conocer y comprender mejor nuestro mundo rural, identificando diferencias y desigualdades —que se hacen palpables entre hombres y mujeres— en el acceso a recursos productivos y la participación en los procesos de toma de decisiones, y que evidentemente afectan a sus vidas y a los hogares rurales.

Por ello, señala que la Junta trabaja en el convencimiento de que el desarrollo sólo podrá ser sostenible si incluye de forma explícita la participación equitativa de hombres y mujeres, e integra las necesidades y perspectivas de ambos géneros para lograr una mejora continua de los territorios andaluces.

De hecho, las medidas de acción positiva implementadas en los programas de desarrollo rural en Andalucía han supuesto avances importantes en el acceso de las mujeres al mercado laboral —ya sea como trabajadoras por cuenta ajena o como empresarias— y por ende, en la vida de los pueblos.

Así, con el programa LiderA, en los dos últimos años son casi 5.300 los empleos femeninos creados o mantenidos, y el tejido empresarial femenino en el sector agrario andaluz, ha crecido un 6,7 por ciento en estos últimos años, hasta alcanzar las 9.600 empresarias. Ello indica que pese a que el sector agrícola sigue estando masculinizado, las iniciativas empresariales de mujeres en el ámbito rural se están consolidando, incluso en estos años de crisis.

Justamente, cuando las políticas de desarrollo rural y las políticas de género parecen más activas y existe una mayor implicación en apoyarlas y promocionarlas, se pone de manifiesto "una cierta inquietud" sobre el futuro de estas políticas de igualdad debido a la crisis global y a la "gestión que de ella se está haciendo desde algunas instituciones".

En este sentido, destaca que la "discrecionalidad" que la nueva reforma laboral otorga a los empresarios —para decidir cambios de funciones, de puestos, de horarios y hasta de salarios, sin olvidar la posibilidad de dejar sin aplicación los convenios colectivos, y por tanto las cláusulas que impulsan la igualdad—, así como los recortes de gastos en los servicios públicos que les prestan apoyo, pueden convertirse en "un arma que atente directamente contra la conciliación de la vida laboral y familiar, y que castigue especialmente a las mujeres del medio rural".