El consejero de Hacienda, Arturo Romaní, ha defendido la decisión del Gobierno regional de prorrogar los presupuestos del pasado año para el presente ejercicio mientras espera la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, pues en caso de haber elaborado unos propios para el año 2012 "se hubiera generado incertidumbre y un escenario difícil de corregir".

Así lo ha explicado Romaní en el transcurso de la Comisión de Hacienda celebrada este miércoles en las Cortes, donde ha achacado la necesidad de prorrogar los presupuestos a la ausencia de las cuentas generales del Estado motivadas por las elecciones anticipadas.

Según ha indicado, ha sido "un acierto" prorrogar los presupuestos, ya que para realizar uno nuevo se desconocía cuáles serían las transferencias del Estado y qué cuantía debe recogerse como ingresos", lo que unido a la menor previsión de crecimiento hubiera provocado que el nuevo presupuesto "fuera ficticio y hubiera abocado a la región a un déficit mucho mayor del objetivado".

Más de mil millones para deuda

Sobre los presupuestos de 2011, Romaní ha criticado la "infradotación" del anterior Gobierno de José María Barreda en los presupuestos de 2011 en el capítulo destinado a pagar la deuda pública de la región, ya que en la actualidad se necesitan 1.059 millones de euros para saldarla —369 de ellos para intereses— y el pasado año "solo se recogían 128 millones" para este cometido.

A su juicio, esta "infradotación" tenía el objetivo de "poder recurrir a la ampliación de crédito para asumir estos gastos en fase de ejecución del presupuesto", algo que según ha argumentado "genera directamente déficit".

Sobre los próximos presupuestos, Romaní ha especificado que su aprobación se realizará "en un marco de equilibrio coherente" buscando extrapolar la estabilidad presupuestaria a medio plazo.

El consejero ha indicado que se podrán realizar una vez sean aprobados los del Estado, y para su elaboración, el Consejo de Gobierno aprobará un techo de gasto "disgregado para cada sección presupuestaria". Ha recordado además la inclusión del Fondo de Contingencia y de Reserva para evitar que se cree más déficit y para reducir el endeudamiento público.

Informar a españa y europa

Ha especificado que una vez elaborado el anteproyecto de Ley se elaborará un informe para ser aprobado por el Ministerio de Hacienda, y una vez aprobado el presupuesto "se remitirán informes periódicos sobre su ejecución" al Gobierno de España, que "tendrá que rendir cuentas a su vez a la Unión Europea".

Romaní ha recordado que en caso de incumplir los objetivos "podrían derivarse sanciones para los estados, y España podrá trasladar esas sanciones a la Comunidad Autónoma que lo haga mal, lo que hace crucial la importancia de cumplir con las obligaciones".

En este sentido, ha subrayado que la Oficina de Control Presupuestario "realizará un seguimiento pormenorizado de todas las medidas correctoras del Plan de Garantías tanto en ingresos como en gastos a través de la Comisión de Seguimiento".

Esta Comisión, aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 15 de septiembre, "estudia la implementación y ejecución" de las medidas del Gobierno de Cospedal "en cada una de las consejerías, analizando pormenorizadamente su impacto".

Del trabajo de esta Comisión, el titular de Hacienda ha aseverado que se ha podido constatar "que el grado de implantación del Plan de Garantías ha sido el adecuado", tras lo que ha sentenciado que "es fundamental continuar con la intensidad que se ha tenido hasta ahora".

Objetivos de la consejería

El consejero ha desgranado cuáles son los compromisos de su cartera en la presente legislatura, destacando que se cumplirán con los principios de estabilidad, sostenibilidad, plurianualidad, eficiencia y transparencia para lograr el objetivo de "impulsar el crecimiento y la creación de empleo".

Para conseguir este objetivo y en virtud de los principios que regirán la actuación del Ejecutivo en materia económica, Romaní ha considerado prioritario conseguir unas cuentas saneadas "como el primer cimiento del crecimiento económico y de calidad de los servicios públicos".

Por ello, considera que la política presupuestaria "debe girar en torno a la consolidación fiscal eliminando el déficit estructural y la deuda pública", algo "muy diferente a lo que ha ocurrido en la región hasta ahora".