La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, Mercedes Alaya, imputó este miércoles los delitos de cohecho, malversación, prevaricación y falsedad documental (dos en documento oficial y uno más en documento mercantil) al exdirector de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, a cuya declaración asisten cuarenta abogados.

La comparecencia de Guerrero comenzó con la lectura por parte de la juez Mercedes Alaya, durante mas de una hora, de los hechos que le imputa desde que en 2001 la Junta comenzó a otorgar las ayudas investigadas.

Según las pesquisas policiales, Guerrero formaba parte de una trama que otorgaba fondos públicos a empresas que realizaban ERE para prescindir de empleados. En ocasiones, algunos empresarios incluían un número falso de despedidos para poder cumplir los requisitos y embolsarse parte del dinero. En otras, los ERE no llegaban a realizarse.

En la causa hay más de 50 imputados. Uno de ellos es el chófer de Guerrero, que aseguró que su superior se iba "de copas y a consumir cocaína" con dinero público al término de su jornada laboral.

Este miércoles, los abogados de las distintas partes comentaron a los medios de comunicación que la juez destacó la falta total de procedimiento reglado para otorgar y supervisar las ayudas, una responsabilidad que recaería en el Gobierno de la Junta de Andalucía, que encabezaron los socialisrtas Manuel Chaves primero y José Antonio Griñán después.

La declaración del exresponsable de Trabajo comenzó a las 11.30 horas en una sala de vistas con asistencia del fiscal Anticorrupción y el letrado de la Junta. La acusación particular que ejerce el colectivo ultraderechista Manos Limpias anunció antes del comienzo del acto que pedirá prisión para Guerrero, aunque las demás acusaciones esperarán a ver cómo se desarrolla la comparecencia del principal imputado.

Fuentes de su defensa informaron este martes de que Guerrero tenía previsto responder a las preguntas de la juez, del fiscal y de su propia defensa pero no al medio centenar de abogados personados en nombre de las acusaciones y de los demás imputados.

Guerrero ha comparecido hasta ahora en dos ocasiones ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a quien declaró que el consejero y el viceconsejero de Empleo estaban informados de cómo se concedían las ayudas y de que en la consejería se destruyeron papeles cuando estalló el caso de los ERE fraudulentos.