El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha asumido este lunes en el Parlamento el compromiso de que la reducción de personal que conllevará la reestructuración del sector público empresarial de la región "no afectará a más allá" del 10% del total de la plantilla, que se sitúa en el entorno de las 1.600 personas.

Este compromiso, junto con los constantes reproches al anterior Gobierno (PRC-PSOE) y el agradecimiento a los empleados públicos, que son "los que van a tener que cargar con el sobreesfuerzo" y a los que según dijo "hay que hacer un monumento", fueron algunos de los momentos más destacados de la comparecencia de Diego ante el Pleno de la Cámara, a petición propia, para informar sobre el Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos.

Un plan de ajuste que, según Diego, tiene "dos causas: la crisis, que reduce los ingresos de la Comunidad Autónoma; y el "desmadre", que "nos pone entre la espada y la pared porque alcanzó una magnitud próxima a la inviabilidad". El "mejor argumento" de ese "desmadre" es, a su juicio, los 261 millones de euros de deuda sanitaria "fuera del presupuesto y guardada en los cajones" por PRC y PSOE, a los que pidió que "compensen a todos los cántabros ofreciendo una actitud de arrepentimiento y colaboración".

Diego afirmó que el Plan de Sostenibilidad tiene "un triple origen", el de "decir la verdad" y "la verdad es lo poco que ingresamos, lo mucho que gastamos y lo muchísimo que debemos gracias a ustedes" (PRC y PSOE) -dijo-; el de asumir la responsabilidad de tomar decisiones; y el de la voluntad de "ganar un margen de maniobra financiero para poder realizar programas innnovadores". Y responde, añadió, a tres políticas "fundamentales" para su Gobierno, "transparencia, racionalidad pública y fomento de la recuperación económica".

El presidente de Cantabria no ocultó el "sacrificio" que tendrán que hacer los empleados públicos, a los que reconoció como "una pieza clave en la salvación de la actual situación".