El PRC advirtió este lunes en el Parlamento de Cantabria de que la suspensión del Consejo Económico y Social (CES) y de los Consejos de la Mujer y de la Juventud "roza peligrosamente la ilegalidad". Por su parte, el PSOE catalogó la medida anunciada por el Gobierno del PP dentro de su plan de ajustes, como "un golpe de estado blanco" que situó "en la línea de flotación de la democracia". El PP cifró en un millón largo de euros el 'ahorro' que supondrá esta medida, y "dada la actual situación de Cantabria", apostó por "reconducir" esos fondos hacia políticas "sensibles" para los ciudadanos.

Los populares, con mayoría absoluta en la Cámara, hicieron decaer con sus votos una proposición no de ley del PRC que instaba al Gobierno a mantener en funcionamiento los tres organismos. La iniciativa contó con el apoyo del PSOE, socio de gobierno del PRC en los dos legislaturas anteriores. Ambos partidos sostuvieron que la crisis y la situación económica de Cantabria son "la excusa y la coartada" que utiliza el PP para "acallar la voz" de las mujeres, los jóvenes y los agentes sociales.

El diputado del PP Luis Carlos Albalá puntualizó que los consejos de la mujer y de la juventud no desaparecen sino que pasan a una "nueva situación de voluntariedad, que no de profesionalización", que no supondrá ninguna desatención a los sectores a los que representan". Agregó que las labores consultivas que el CES venía realizando "seguirán existiendo dados los muchos controles e informes" que todo texto legal ha de superar.

Agregó que la situación económica de Cantabria es fruto de la "ligereza e irresponsabilidad" del anterior Gobierno en la administración de los recursos de los ciudadanos. "Frente al monumental lío" generado por el anterior Gobierno, el PP, dijo Albalá, está tomando las medidas necesarias para "salir cuanto antes y con éxito del atolladero en que ustedes dejaron a Cantabria, con trabajo imaginativo y los escasos recursos disponibles".

El ponente de la iniciativa, el regionalista Rafael de la Sierra, subrayó que la creación de los tres consejos se aprobó por unanimidad y alertó de que su suspensión "roza peligrosamente la ilegalidad" porque "no se pueden modificar ni disolver sin que se pronuncie el Parlamento", y sin embargo, el presidente, Ignacio Diego, "está instando a los consejos prácticamente a que suspendan sus actividades, incluso reteniéndoles los fondos necesarios para su funcionamiento, en contra" de las respectivas leyes de creación de estos órganos de participación social, que obligan al Gobierno a financiarlos.

De la Sierra denunció que el Gobierno quiere eliminar estos órganos "con la disculpa de la miseria" pero en realidad es "la miseria de la disculpa". Añadió que el Ejecutivo está "mintiendo a los ciudadanos con afirmaciones falsas, interesadas, sesgadas, que no responden a la realidad y ponen en jaque la imagen de Cantabria en el exterior". El parlamentario del PRC aseguró que la suspensión de estos consejos, que a su juicio son "especialmente necesarios en tiempos de crisis", es "un paso atrás no para la recuperación económica sino en la participación social". "La crisis no es una coartada que todo lo oculta y justifica", finalizó.

En la misma línea, la portavoz del PSOE, Rosa Eva Díaz Tezanos, denunció que ningún Gobierno de Cantabria ha emprendido "un ataque tan descarnado" contra la representación plural y afirmó que Diego es el primer presidente de Cantabria que pretende "suprimir derechos y silenciar la voz" de las mujeres, los jóvenes y los agentes sociales. "No es para ahorrar, esa es la excusa y la coartada", afirmó la vicesecretaria general del PSOE, quien opinó que Diego quiere acabar con órganos de participación social que "le molestan" y "se ha convertido en un peligro para los derechos de los cántabros". "Es un golpe de Estado al equilibrio de poderes", denunció.

Politicas activas de empleo

Por otro lado, el Pleno también rechazó este lunes, con el voto en contra del PP y los votos a favor de PRC y PSOE (20-19), una proposición no de ley socialista que instaba al Gobierno a presentar, en el plazo más breve posible, las acciones y medidas en materia de políticas activas de empleo que palíen la situación en que se encuentran los desempleados cántabros inscritos en las listas del Servicio Cántabro de Empleo, más de 51.000 a finales de enero y más de 53.000 a finales de febrero.

Durante el debate de esta iniciativa, los tres partidos con representación parlamentaria reprodujeron los mismos argumentos que vienen esgrimiendo para defender la gestión del Gobierno el PP, y para criticarla, el PSOE y el PRC.